El reconocimiento o confesión que Juan Manuel Santos le hizo al periodista Alfredo Molano, en torno a la gestión que a altísimo nivel lideró para asegurarle al expresidente Álvaro Uribe inmunidad diplomática ante el posible llamado que harían tribunales americanos por su reiterada violación de derechos humanos, constituye un hecho jurídico-político que debería de concitar una discusión ético-política, periodística y jurídica en torno a lo dicho por Santos y a la historia de violaciones de derechos humanos que rodea al expresidiario antioqueño; y por supuesto, a la defensa que periodistas y medios masivos hicieron y aún hacen del “legado” del latifundista, ganadero y caballista.
Santos Calderón justificó las gestiones que realizó para, según él, salvarle el pellejo al expresidente Uribe Vélez, porque consideró indigno someter al país a un escándalo mediático, jurídico y político ante un eventual procesamiento de Uribe ante la justicia americana. El argumento que hoy exhibe Santos es débil ética y moralmente porque prefirió pasar por encima de los derechos de las víctimas de la política de seguridad democrática creada y liderada en su aplicación por el propio Uribe. Es decir, Santos subvaloró a las madres de Soacha, cuyos hijos fueron asesinados por militares (falsos positivos) debido a las presiones de la cúpula militar y del propio Ejecutivo de “producir más y mejores resultados operacionales y carrotanques de sangre”.
Las consultas que a muy alto nivel realizó Santos le permitieron también salvar su pellejo porque en su rol de ministro de la Defensa de Uribe Vélez, es corresponsable de los falsos positivos que se cometieron durante el tiempo que estuvo al frente de esa cartera. Además, lo hecho por Santos, en perspectiva histórica, parece más una acción política para asegurar gobernabilidad ante el desencanto que sabía que generaría en el país el diseño del proceso de paz y el contenido final del tratado de paz firmado en La Habana y ratificado en el teatro Colón, en razón al pírrico triunfo del No en el plebiscito por la paz. Santos, como fino ajedrecista, supo mover sus fichas buscando, como hijo del Establecimiento colombiano, salvarse él, aunque más adelante los nombres de célebres empresarios y políticos, sus amigos de clase social quedaran en entredicho en el proceso de construcción de la verdad histórica que adelantó la ya desaparecida Comisión de la Verdad; y la verdad judicial que a cuentagotas viene consolidando la JEP.
Lo cierto es que lo reconocido por Santos llega en el momento en el que un juez argentino, a finales del 2023, aceptó investigar a Uribe Vélez por violaciones a los derechos humanos. Las organizaciones que elevaron la demanda ante la justicia gaucha lo hicieron basados en el principio de la jurisdicción universal. A ese proceso judicial extraterritorial contra Uribe Vélez se suma la desclasificación que los gringos hicieron de varios documentos en los que aparece reseñado el nombre del exmandatario y latifundista colombiano. El congresista y contradictor político de Uribe, Iván Cepeda Castro, escribió en el portal Open Democracy que “veintitrés de esos documentos desclasificados pueden leerse en el sitio web de la organización National Security Archive. Allí figuran documentos de agencias de inteligencia estadounidenses que reseñan que, en la década de 1990, Álvaro Uribe Vélez estaba incluido en una lista oficial de los principales narcotraficantes y sus aliados “dedicados a colaborar con el Cartel de Medellín”.
La derecha uribizada intentará minimizar lo expresado por el expresidente y Nobel de Paz apelando a la narrativa que construyeron junto con los medios hegemónicos, en la que Santos aparece como un “traidor” porque se hizo elegir con las banderas del Centro Democrático y terminó “entregándole el país a las Farc”.
Lo dicho por Santos Calderón vuelve a poner en la palestra al expresidiario Álvaro Uribe Vélez, el político que más daño le hizo al país entre 2002 y 2010. Hoy está procesado por manipulación de testigos y fraude procesal. Sin duda alguna, delitos menores frente a las atroces violaciones a los derechos humanos en las que incurrió su gobierno con los falsos positivos. La azarosa y cuestionada vida pública y privada de Uribe Vélez oscila entre inmunidades gestionadas y la impunidad que le garantiza el débil aparato de justicia colombiano.
@germanayalaosor
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