No obstante ser el representante del Estado colombiano, el presidente Gustavo Petro anunció que se trasladará a la Asamblea General de la ONU, donde hacen presencia las principales potencias del planeta, para denunciar cómo desde la presidencia del gobierno anterior se utilizó al Estado para sabotear la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc.
Aunque resulte paradójico, el paso anunciado por Petro es lógico, dada la naturaleza y el papel del Estado colombiano como instrumento de la más retardataria oligarquía terrateniente, empresarial, bancaria, militar y mediática.
Ese mismo Estado oligárquico con sus distintos tentáculos se sabotea a sí mismo y a su programa de reformas populares, que son objeto de la zancadilla de diferentes centros de poder cuando recurre a la mentira de los medios, a la guerra jurídica, a la deslealtad de los funcionarios hasta en los temas de la Paz.
Acudir a la ONU es entonces un deber elemental como jefe de Estado, si consideramos que tal organismo multilateral es el garante del cumplimiento de los Acuerdos de paz mediante la presencia de una amplia delegación en Colombia, pasando revista periódicamente a los avances en la implementación y certificando los resultados en reforma agraria, protección de los excombatientes, la amnistía, la ampliación de la democracia, la sustitución de los cultivos de coca, el asesinato de líderes sociales, las masacres de campesinos, indígenas, mujeres y afrodescendientes y el auge del neoparamilitarismo (urabeños, oficina de Envigado) promovido desde las brigadas y los comandos militares y de policía.
Los hechos son contundentes:
La amnistía para los firmantes de paz del 2016 ha experimentado una parálisis del 82 por ciento. Ha sido imposible concretar la reforma agraria para entregar tres millones de hectáreas a los campesinos y formalizar otros siete millones de hectáreas; a lo que hay que agregar la corrupción de prominentes directivos de la Agencia Nacional de Tierras, que Petro debió expulsar de las oficinas públicas con base en denuncia de Felipe Harman, actual gerente de esa entidad. Los cambios en los territorios no se dan a pesar del enfoque territorial de la paz y de los anunciados planes de transformación territorial (Micay, Catatumbo) que caen en la retórica vacía de quienes hacen su agosto con la reconciliación desde fundaciones con lógicas de acumulación y enriquecimiento voraz.
El gobierno de Iván Duque le hizo hecho mucho daño a la paz, pues se las arregló para hacer trizas la paz y exacerbar de nuevo el conflicto armado, en un tercer ciclo cargado de actores armados y violentos depredadores, especialmente contra poblaciones vulnerables como los indígenas, los afros y los desplazados por el despojo del neoparamilitarismo.
Hay enclaves del Estado colombiano como la Procuraduría, las Cortes, comisiones del poder legislativo y entidades e instancias prominentes carcomidas por la corrupción, la desidia, el clientelismo y el filibusterismo, que ejecutan en simultánea campañas y acciones de destrucción de los Acuerdos de Paz.
Esta denuncia presidencial ante la ONU es inevitable encuadrarla en su promoción del poder constituyente para hacer frente a los intentos de golpe blando orquestados por la extrema derecha y poderosos medios de comunicación, así como a la corrupción que se ha desatado en la actual coyuntura con casos tan aberrantes como el de la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), una verdadera cloaca de la criminalidad de cuello blanco asociada con los partidos políticos y las maquinarias electoreras prevalecientes en las distintas instancias del Estado… y todavía entre algunos funcionarios corrompidos de este gobierno.
@HoracioDuque8
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