Por JORGE SENIOR
Hoy 3 de junio de 2023 la Universidad del Atlántico cumple 82 años, al menos si se tiene en cuenta 1941 como su fecha de nacimiento. En realidad, según la propia página de la universidad, la fecha de nacimiento legal es posterior, pues fue la Ordenanza No. 42 del 15 de junio de 1946 de la Asamblea del Atlántico la que creó formalmente la universidad pública del departamento. Y eso fue luego de varios hitos entre 1940 y 1945. No hay consenso sobre la fecha fundacional, pero sí existe un reconocimiento generalizado a quien lideró ese proceso: el filósofo Julio Enrique Blanco, un kantiano agnóstico y pionero de la filosofía moderna en Colombia.
En todo caso, son más de ocho décadas de trayectoria educativa en el territorio que se ubica en la esquina del mar Caribe con el río Magdalena. Y vean ustedes, “¿qué se les ocurrió a los directivos de la Universidad del Atlántico -sometida a clanes políticos- para conmemorar hoy su aniversario 82? No un evento donde circulen ideas académicas o producción intelectual, sino… ¡una eucaristía!”. No con un acto que ponga en juego el nivel de conocimientos de la comunidad académica, no con un evento que circule ideas, que muestre el talento y creatividad de docentes y estudiantes, no con una muestra de su producción intelectual más destacada. No. Lo conmemoran con un rito católico tradicional y repetitivo de la época premoderna donde la inteligencia brilla por su ausencia, algo completamente ajeno a la ciencia y el arte. ¿Puede haber mayor muestra de pobreza mental? ¿qué pensaría Julio Enrique Blanco de esta esperpéntica celebración?
Estamos hablando de un centro de educación superior que se espera sea un espacio académico de alto nivel científico, donde se supone que impera la razón y que, además, es de carácter estatal. En Colombia hay libertad de cultos, como lo expresa el artículo 19 de la Constitución de 1991, pero ese mismo artículo pone en pie de igualdad a todas las corrientes religiosas, se acaba la preferencia por el catolicismo que nos dejó la herencia española y que consagraba la conservadora Constitución de 1886. En la Constituyente de 1991 se impuso por fin el principio liberal básico de la democracia que establece la separación entre las iglesias y el Estado. En palabras claras: el Estado colombiano es laico. Sin embargo, la Constitución no fue suficientemente explícita y contundente, por lo que la Corte Constitucional debió pronunciarse al respecto.
En la sentencia C-350-94 dice la Corte: “(…)Es por consiguiente un Estado laico. Admitir otra interpretación sería incurrir en una contradicción lógica. Por ello no era necesario que hubiese norma expresa sobre la laicidad del Estado. El país no puede ser consagrado, de manera oficial, a una determinada religión, incluso si ésta es la mayoritaria del pueblo(…)”. Con esta sentencia la Corte rechazó por inconstitucional el antiguo rito oficial que impusieron los conservadores de otrora de consagrar el país al “sagrado corazón de Jesús”. Ese mismo año se expidió la Ley 133 de 1994 que confirma que el Estado colombiano es aconfesional. También lo reafirma la sentencia C-1175-2004. La razón es elemental: el Estado debe representarnos a todos, no a un sector de la población nada más. Los símbolos católicos, por ejemplo, pueden representar a la población católica, pero no al conjunto de la nación. Y la eucaristía de Uniatlántico no representa al conjunto de la comunidad universitaria o de los atlanticenses.
Entonces, cabe preguntarse: ¿Por qué en entidades públicas del orden municipal, distrital, departamental y nacional se realizan ceremonias católicas en actos oficiales o en sus oficinas se exhiben crucifijos y simbologías propias de particulares confesiones religiosas?
Los funcionarios públicos pueden profesar la religión que quieran, o no profesar ninguna. A nivel personal pueden portar la simbología que deseen y en sus comunicaciones personales pueden mandar todas las “bendiciones” que quieran hasta el aburrimiento. Pero las paredes y sitios visibles de información de las entidades públicas deben estar libres de exhibiciones religiosas, las comunicaciones oficiales deben abstenerse de protocolos religiosos, los actos oficiales deben estar desvinculados de cualquier iglesia o expresión religiosa particular. Pero esto no se está cumpliendo.
En Colombia se está violando de manera flagrante el principio de separación Iglesia – Estado, se está violentando el carácter laico del Estado. Un caso patético fue el anterior Director de la Policía, Henry Sanabria, quien se extralimitó impulsado por su fanatismo mariano. Muchos se encogen de hombros o normalizan esta situación anómala que pareciera folclórica y poco importante. Pero el asunto se vuelve mucho más grave cuando se analiza en los ámbitos de la economía, la política o la educación. Por ejemplo, cuando se desperdicia presupuesto público en algún embeleco religioso. O cuando se inmiscuye la religión en las campañas electorales. En estos casos la democracia sufre mella, pues el fanatismo religioso facilita la manipulación del electorado, como pasó en el plebiscito de 2016. Uribismo y bolsonarismo son ejemplos. El actual embajador de Colombia en la OEA, Luis Ernesto Vargas, dio en el clavo esta semana cuando señaló que los discursos de odio se inician en las iglesias.
Más profundo es el problema de la educación, pues el adoctrinamiento religioso choca contra la formación en pensamiento crítico y científico. Imaginen un profesor de biología que niegue la evolución. Eso ya está sucediendo debido a la infiltración de sectas evangélicas fundamentalistas en las Facultades de Educación. El sistema educativo debe formar en cosmovisión científica para así poder construir ciudadanía, la educación no es para adoctrinar rebaños. Esto se desprende del artículo 67 de la Constitución que habla de la educación como derecho y servicio público y no menciona a la religión por ninguna parte. Ese artículo indica que el Estado (laico) es el responsable de la educación, de su supervisión y vigilancia. Pero esta supervisión y vigilancia está fallando en las Facultades de Educación y en las escuelas públicas. Ningún niño en colegio público puede ser obligado a cursar religión, lo cual no se está cumpliendo en muchos casos.
Es hora de que en Colombia se abra el debate sobre la separación Iglesia – Estado, a ver si este país logra salir de la premodernidad.
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