Por GERMÁN AYALA OSORIO
Con la decisión del presidente Gustavo Petro de atacar militarmente al Clan del Golfo se producen dos efectos inmediatos: el primero, se esfuma el anhelo de la Paz Total, por lo menos con esa estructura narco-paramilitar. Y el segundo, nace el compromiso del gobierno de hacer lo que anteriores administraciones no hicieron: atacar con determinación a ese grupo criminal. Golpear al Clan del Golfo en sus finanzas es el camino que anteriores gobiernos poco recorrieron porque ello implicaba afectar las economías de las regiones en las que operan estos criminales. La ofensiva militar debe ser total, hasta lograr el desmantelamiento real de esa estructura armada.
El mendaz y fatuo de Iván Duque Márquez dijo, cuando se dio la entrega de alias Otoniel, líder de esa organización delincuencial, que el fin del Clan del Golfo estaba cerca. Una mentira con la que buscaba distraer una verdad inocultable: el maridaje entre elementos de la fuerza pública, políticos y estructuras narco-paramilitares que confluyen en el Clan del Golfo, el otrora llamado Clan Úsuga.
Probado el contubernio entre clanes políticos, empresarios, policías y militares, las operaciones ordenadas por el presidente de la República deberán hacerse en dos ámbitos: uno, el militar y policial, contaminado por la mutua desconfianza que existe entre las dos instituciones, en particular entre la oficialidad, por las relaciones mafiosas construidas entre uniformados y los narco-paramilitares. Recordemos lo dicho por alias Otoniel a la JEP: “Nosotros hacíamos operaciones junto a los militares a diario. De inteligencia le pasaban mucha información a la organización”.
El segundo ámbito tiene que ver con activar acciones de contrainteligencia que lleven a cortar los circuitos logísticos y las relaciones entre funcionarios del Estado, militares, policías, políticos y empresarios con los líderes del grupo criminal. De esas labores dependerán los resultados operacionales ordenados. El asunto es de una delicadeza extrema, porque cualquier resultado positivo en materia de contrainteligencia implicará traslados a otra zona o el llamado a calificar servicios de los uniformados comprometidos.
La decisión político-militar del presidente afectará las relaciones de este gobierno con esa parte del establecimiento que de tiempo atrás se beneficia, directa o indirectamente, de las actividades desarrolladas por el Clan del Golfo: minería ilegal, exportación de estupefacientes y circulación de dinero de origen ilícito que mueve las economías de zonas como el Bajo Cauca Antioqueño, el Urabá y Córdoba, entre otros. Esas molestias se expresarán en las elecciones de octubre, pues lo más seguro es que se presenten patrocinios de candidaturas a gobernaciones y alcaldías afines al proyecto paramilitar. ¿Podrá Petro, de aquí a octubre, someter al Clan del Golfo?
Sin duda alguna, el Clan del Golfo es la expresión clara de los errores que se cometieron cuando el entonces presidente Álvaro Uribe negoció con los paramilitares su desmovilización. La vigencia de dicha estructura armada se debió a incumplimientos de ese gobierno y una serie de mentiras que le dijeron al país con falsas desmovilizaciones.
Va a necesitar mucho más que suerte el presidente de la República en su ofensiva contra este grupo criminal. Las dinámicas económicas desplegadas por el Clan del Golfo dan cuenta del fracaso parcial del Estado en las regiones donde son amos y señores. En términos sociales y políticos, este grupo paramilitar da cuenta de unos procesos civilizatorios truncos. Construir civilidad en esos territorios es un reto mayúsculo que escapa a las capacidades de este gobierno.
@germanayalaosor
Sobre el autor o autora
