Por diseño constitucional, le corresponde al presidente de la República presentar a la Corte Suprema de Justicia la terna de la que saldrá el nuevo fiscal general de la Nación. Debido a los agrios enfrentamientos personales, institucionales y políticos entre Gustavo Petro y Francisco Barbosa, la procuraduría acaba de recusar al mandatario para quitarle ese derecho de presentarla. Se suma a lo anterior el caso de Nicolás Petro, recién capturado e imputado por graves delitos, como enriquecimiento ilícito.
Si bien el presidente expresó tempranamente que respetará el actuar del ente acusador, el uribismo quiere impedir que el presidente cumpla con el mandato constitucional. Lo que llama la atención es que aún el país no conoce la terna, y ya se les nota el nerviosismo ante la posibilidad de que terne a juristas decentes y no vulgares tinterillos que terminen de sumir en el desprestigio a la Fiscalía, responsable del 94% de impunidad en más de 57 mil casos de corrupción. Sin contar la impunidad en delitos como homicidios y en la decisión institucional de no capturar a criminales del Clan del Golfo.
Lo cierto es que le queda poco tiempo a Francisco Barbosa como fiscal general de la nación. Su salida se convierte en la oportunidad para que Gustavo Petro, en nombre del Estado, recupere para la sociedad y para el Estado de derecho, a una institución permeada de tiempo atrás por mafias de todo pelambre.
Barbosa, como escudero del uribismo, viene guardándole la espalda al exfiscal Néstor Humberto Martínez y está siguiendo las orientaciones del uribismo, encaminadas a ponerle palos en la rueda a la Paz Total. Son ya varias veces con las que Barbosa se niega a darle aval institucional al presidente en el tema de suspender las órdenes de captura de disidentes de las Farc y de miembros del Clan del Golfo.
Mientras pasa el tiempo y el fiscal hace maletas- imagino que con la ayuda de su esposa Walfa Téllez, demandada por violar el régimen de inhabilidades en un contrato- , Petro aprovecha para decir que “el narcotráfico a partir de construir con dinero sus propias nóminas ha penetrado a la UNP, a la SAE, a la Fiscalía, a la fuerza pública, a la DIAN, a Aduanas”.
Lo dicho por el jefe del Estado no es un mero señalamiento: es la confirmación de lo que todos los colombianos sabemos. En anterior ocasión el mismo Petro había calificado al Estado como asesino, durante la ceremonia de reconocimiento a las víctimas de las masacres del Aro y la Granja. Si miramos en perspectiva institucional, ética y moral, lo que está haciendo el presidente es llamar la atención para que la sociedad colombiana por fin asuma comportamientos republicanos y repudie la corrupción, y proscriba el ethos mafioso que penetró a la Fiscalía, la DIAN, la SAE y la UNP. Esta última entidad, convertida en un nido politiquero en el que convivían la legalidad y la ilegalidad, la trampa, la perfidia y el desgreño administrativo.
Los señalamientos de Gustavo Petro son parte de la respuesta que muy seguramente le aconsejaron dar, para enfrentar el escándalo en el que está metido su hijo mayor, Nicolás Petro. Es posible que el presidente esté ambientando la conformación de la Comisión Internacional que se encargará de asumir las investigaciones de corrupción en entidades estatales, y en casos específicos que caminan lentamente en la Fiscalía de Barbosa: el más sonado, el de Odebrecht y la Ruta del Sol, así como las muertes de Jorge Enrique Pizano y la de su hijo, envenenados con cianuro. Y por supuesto, el proceso penal contra el expresidiario y expresidente, Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que la Fiscalía viene operando como el defensor de oficio del latifundista, pues en dos ocasiones ha solicitado a los jueces la preclusión del proceso que se adelanta en su contra por fraude procesal y manipulación de testigos. Y el caso de su hermano, Santiago Uribe, ya casi completa dos años y el juez nada que emite un fallo a propósito de la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles.
Petro tendrá entonces la oportunidad de medir el nivel de penetración del narcotráfico y el miedo que la justicia le tiene a Uribe, proponiendo a la Corte Suprema de Justicia una terna cuyos miembros sean ciudadanos probos, de ningún modo cercanos a Uribe, y mucho menos a Néstor Humberto Martínez o al fiscal saliente. Una vez conformada esa terna, la Corte Suprema podría negarse a elegir a uno de los tres, varias veces. He ahí el riesgo. Es posible entonces, que la dirección de la Fiscalía caiga en una inconveniente interinidad.
En esa selecta lista deben estar Miguel Ángel del Río, Angélica Monsalve y el propio ministro de la Defensa, Iván Velásquez. Un rechazo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia bien podría servir para pensar que dentro de esa corporación sobreviven los intereses y las realidades que, justamente, el presidente quiere cambiar.
@germanayalaosor
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