Por GERMÁN AYALA OSORIO
El fiscal general de la Nación no es subordinado del presidente. Eso está claro. Pero sí está en la obligación ética, política, legal y administrativa de facilitar la operación coordinada del Estado, cuya máxima responsabilidad recae en el presidente de la República. Esta puede ser la conclusión a la que se puede llegar después del escándalo mediático y político que armaron medios y periodistas tras escucharle decir a Petro que él es el jefe de Barbosa. En lugar de reconocer el error, el mandatario de los colombianos leyó el artículo de la Constitución que lo inviste como jefe de Estado, de gobierno y máxima autoridad administrativa. De inmediato los medios enemigos del presidente buscaron afanosamente la reacción de Francisco Barbosa. El fiscal general calificó a Petro de “dictador”.
Nuevamente las empresas mediáticas, ante semejante “papayazo”, dejan de mirar el trasfondo del ya viejo enfrentamiento entre Petro y Barbosa, para quedarse en la frase y consolidar la narrativa que señala que el presidente está desconociendo la división de poderes y por tanto, debilitando los pesos y contrapesos de la democracia. Pues bien, el trasfondo es este: desde la llegada a la Casa de Nariño, Gustavo Petro y el director de la SAE le solicitaron al fiscal general el inventario de los bienes incautados a las mafias, que deberían estar bajo la custodia y administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El país recuerda ver en televisión a Barbosa tembloroso en sus manos, hablando de la entrega de una relación de bienes que no concuerda con el inventario que hizo el nuevo administrador de la SAE.
Luego vinieron las diferencias públicas entre Petro y Barbosa por la solicitud expresa del presidente de congelar las órdenes de captura de miembros de las guerrillas y del Clan del Golfo, con miras a los acercamientos con el gobierno, de cara al logro de la Paz Total. A lo anterior se sumó el interés del Canciller Álvaro Leyva de solicitarle a la ONU la conformación de una misión internacional para Colombia, que se encargue de investigar hechos de corrupción que no solo comprometerían al actual fiscal, sino al anterior, Néstor Humberto Martínez Neira.
El caso de Odebrecht estaría en el listado de las prácticas corruptas que podría asumir la señalada comisión internacional y que toca de manera directa a Martínez Neira y a Barbosa. Pero la situación que rebosó la paciencia del presidente está soportada en la grave denuncia que hizo el corajudo periodista Gonzalo Guillén, quien asegura que desde la Fiscalía de Barbosa no se evitó el asesinato de 200 personas por parte del Clan del Golfo, a pesar de que fiscales conocían de la existencia del macabro plan. El mismo que se ejecutó sin que ninguna entidad del Estado hiciera nada para impedirlo y mucho menos para capturar a los perpetradores de esos crímenes.
La negativa de Francisco Barbosa de ofrecerle al presidente la información solicitada resulta sospechosa y deviene con un inaceptable tufillo desestabilizador, pues él está en la obligación de informar al presidente de asuntos y hechos delicados como el que viene denunciando Guillén a través de la Nueva Prensa. A Barbosa lo obliga el hecho de que las actuaciones ilegales e inmorales de los fiscales que bajo su mando no evitaron que 200 personas fueran asesinadas, constituye una grave omisión oficial que compromete de inmediato al Estado y a sus agentes, obligados a salvaguardar la vida y la honra de sus asociados.
Todo lo anterior tiene un trasfondo más grande, cuyo origen parte de la pregunta ¿a quién le sirve el Fiscal Barbosa? Inclusive, ¿a quiénes les suelen servir en Colombia los presidentes de la República? Hay que decir que fiscales como Luis Camilo Osorio, Néstor Humberto Martínez Neira (NHMN) y Francisco Barbosa fungieron como fichas de Álvaro Uribe Vélez y en general, del régimen uribizado que gobernó en el país entre el 7 de agosto de 2002 y el 7 de agosto de 2022.
Sobre los últimos presidentes, hay que decir que estos parecen actuar más como empleados de Sarmiento Angulo, en lugar de servirles a todos los colombianos. Los ejemplos más claros de mandatarios puestos por el gran banquero en la Casa de Nariño son César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque.
El caso Uribe resulta paradigmático en la consolidación de esa relación entre fiscal y presidente, que terminó convirtiendo a la fiscalía en la defensora de oficio del expresidente y caballista antioqueño. Es claro que Barbosa está empeñado en anular el proceso penal al que está vinculado en calidad de imputado el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe.
Ya son dos veces que la Fiscalía de Barbosa solicita a los jueces la preclusión del proceso que se le sigue al caballista y latifundista antioqueño, por fraude procesal y manipulación de testigos. De esa manera, desconoció lo actuado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, dentro de la misma rama judicial, el fiscal irrespetó a los magistrados que investigaron, procesaron y pusieron preso a Uribe Vélez por los señalados delitos. El Fiscal es una rueda suelta dentro del aparato de justicia, sumado a que los magistrados de la Corte Suprema que lo eligieron, jamás le llamaron la atención por burlarse de los miembros de la Sala de Instrucción.
Aquí lo que resulta llamativo es que Barbosa se oponga a que el país le pida a la ONU que conforme una misión internacional similar a la que lideró en Guatemala el respetado jurista y hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez. Y peor aún, que se oponga a que el presidente de la República conozca los detalles de la muerte de 200 ciudadanos que Gonzalo Guillén está denunciando.
¡Por favor señor Fiscal! se trata de 200 colombianos presuntamente asesinados por el Clan del Golfo. Y lo que resulta más molesto y sospechoso: que la Fiscalía, una entidad del Estado, no haya hecho nada para evitarlo.
Al final, las diferencias entre Petro y Barbosa radican en la idea que cada uno tiene del Estado. Petro lo asume como un faro moral para todos los colombianos, mientras que Barbosa lo piensa como una estructura de poder al servicio de sus amigos más cercanos. Por tanto, un faro inmoral.
@germanayalaosor
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