Las exhortaciones que hicieron la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de DDHH de la ONU en Colombia para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) elija cuanto antes a la nueva fiscal general de la Nación no constituyen una intromisión en los asuntos internos de Colombia, por dos razones fundamentales:
La primera, Colombia hace parte de los sistemas de Naciones Unidas e interamericano (OEA y CIDH), lo que legitima estas recomendaciones y otras que estos organismos decidan hacerle al país. Esta es una circunstancia jurídico-política imposible de desconocer, por más molestias que genere en quienes desestiman las graves denuncias periodísticas que ponen en entredicho a la fiscal encargada, Martha Mancera y a su exjefe Francisco Barbosa. Justamente, los tres organismos ven en la interinidad un problema de legitimidad que la Oposición no quiere ver, porque no les conviene que se elija, por primera vez en el país, a una fiscal recta, proba y que no sea amiga del presidente de la República.
En lugar de protestar por tan justas recomendaciones, en las que además exhortaron al presidente Petro a brindar garantías y evitar presiones sociales indebidas sobre la CSJ, deberían los miembros de la oposición entender que lo que está en juego es la legitimidad del ente investigador, el mismo que aparece hoy capturado por mafias políticas y organizaciones criminales, de acuerdo con las mismas fuentes periodísticas y las propias actuaciones de la Fiscalía consistentes en favorecer intereses de poderosos agentes económicos y políticos que debieron ser acusados por corrupción y otros que ostentan la calidad de procesados e imputados. Pero no. Hablan de defender la institucionalidad, omitiendo la impunidad del 94% en los casos de corrupción público-privada que dejó el nefasto periodo de Francisco Barbosa.
Y la segunda razón nace de la credibilidad que le reconocen al presidente Gustavo Petro los organismos mencionados, en virtud de que sus denuncias de un quiebre institucional o golpe blando son del resorte de la ONU, la OEA y la CIDH. Así entonces, no se trata de una intromisión maliciosa en los asuntos internos de Colombia, como lo aseguran miembros visibles de la oposición, entre estos el también nefasto exfiscal Néstor Humberto Martínez, sino de la observación de una delicada situación política que, de darse en Colombia, obligaría a los tres organismos a actuar en consecuencia.
Lo que hizo el gobierno de Petro fue internacionalizar la situación anómala que según él se estaría fraguando: el quiebre institucional azuzado por Francisco Barbosa desde su cargo de Fiscal, siguiendo instrucciones de agentes del establecimiento. Guardadas las proporciones, lo que hizo el actual gobierno se parece en algo a lo que hizo Pastrana cuando internacionalizó el conflicto armado interno, expuso a las Farc-Ep ante el mundo, entregándoles la zona de distención sin verificación de la ONU y naturalizó la injerencia militar de Estados Unidos. Todo lo anterior en el marco del Plan Colombia, política pública de corte transnacional que se aprobó en el Congreso americano sin el visto bueno de la corporación legislativa de Colombia.
La gran diferencia entre las dos situaciones está en que Petro prendió las alarmas en la ONU y OEA por los riesgos de un quiebre democrático en Colombia, lo cual supondría además el abandono de todo esfuerzo por pacificar al país; mientras que en el caso de Pastrana (1998-2002), lo que hizo fue generar las condiciones internas y externas que terminaron escalando el conflicto armado interno de tal manera, que la propia ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos terminaron, la primera, validando el acuerdo de paz de La Habana firmado durante el gobierno de Santos; y la segunda, declarando como culpable al Estado colombiano por la violación sistemática de los derechos humanos cometida durante las administraciones de Pastrana y Uribe, con la aplicación del Plan Colombia.
Es decir, Pastrana, Uribe y Duque naturalizaron las condiciones para una democracia de mano dura, mientras que Petro llama la atención de los tres organismos para evitar un quiebre institucional que regrese a Colombia a las sistemáticas violaciones de los DDHH, reeditando las circunstancias de la guerra perpetua a la que le apostaron Pastrana, Uribe y Duque.
@germanayalaosor
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