Por GERMÁN AYALA OSORIO
El anuncio del ministro de Defensa, Iván Velásquez, de poner fin a los bombardeos de campamentos guerrilleros en los que se presuma la presencia de menores de edad constituye un cambio en la estrategia militar contrainsurgente que venía implementando el uribismo de tiempo atrás.
Deberán cuidarse el presidente de la República y el propio ministro de Defensa de caer en acciones de “entrampamiento” por parte de los uniformados responsables de las actividades de inteligencia militar con las que se confirma o se desecha la presencia de menores en campamentos de la guerrilla. Sobre este asunto volveré al final de la columna.
Esta nueva orientación institucional sirve para consolidar los escenarios de paz que recién se abrieron. Es de esperar que grupos como el ELN y las disidencias de las extintas Farc y la Segunda Marquetalia, dejen atrás el reclutamiento forzoso. Sería un gesto de buena voluntad para iniciar conversaciones con el maximalista propósito de lograr la Paz Total. Del lado del Estado, debe trabajarse de la mano del ICBF y de otras instituciones, con el firme propósito de evitar que los menores se dejen seducir por los discursos reivindicativos a los que suelen apelar los grupos armados ilegales, para garantizar en las filas la presencia de menores de edad.
Con esta decisión, el ministerio de Defensa dejará de ser un actor de riesgo ecológico y ambiental por los daños no cuantificados que deja el lanzamiento de bombas en zonas selváticas. La paz también se debe hacer con la naturaleza. No son menores los impactos negativos que dejan los bombardeos en zonas de especial valor ambiental y ecológico.
Así las cosas, la decisión hay que aplaudirla no solo por el respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, sino por las consideraciones ecológicas y ambientales que conllevan el evitar bombardear ecosistemas boscosos, que terminan convertidos en acciones que invitan a la colonización de las selvas.
Lanzar bombas a campamentos guerrilleros hizo parte de la estrategia militar del uribismo, sector de poder político y militar interesado en extender en el tiempo el conflicto armado, al tiempo que apoyaban toda clase de actividades con las que se buscó afectar negativamente los ecosistemas boscosos no solo con los bombardeos, sino con avanzadas acciones de colonización. Asesinar “máquinas de guerra”, como llamó a los menores reclutados por los grupos armados ilegales el entonces ministro Diego Molano, obedecía a esa política de muerte que aupaba el uribismo. Pretender que la estructura militar del ELN se vería afectada al asesinarles unos cuantos menores de edad, solo era una disculpa para justificar y aumentar el gasto militar, y aparentar que se estaba ganando la guerra.
La purga continúa
Encuentro una relación muy fuerte entre la salida de otra tanda de generales de la República, tal y como se conoció en las últimas horas. Sin duda, la pretensión del presidente Petro Urrego es ir limpiando las filas no solo de una alta oficialidad comprometida con extender en el tiempo el conflicto armado, sino de aquella que gozaba de los beneficios que les generaba ayudarles a los Señores de la Guerra, instalados en el régimen de poder. War Lord que hacen parte de la sociedad civil como agentes sociales y económicos. Por supuesto, que hay otras razones para que la limpieza continúe: por hechos de corrupción y la participación en casos de falsos positivos.
Como comandante supremo de las fuerzas armadas, Gustavo Petro Urrego busca consolidar un ejército para la paz, sin que ello sea entendido por los grupos al margen de la ley como una muestra de debilidad. Por el contrario, de lo que se trata es de apuntalar una nueva doctrina militar cercana a la paz, haciendo que la operación de las fuerzas militares esté legitimada socialmente, porque se defiende a la población civil y en particular a los menores de edad, víctimas del reclutamiento forzado. Operativos que minimicen errores y daños colaterales.
Todo cambio implica riesgos. Y con esta nueva orientación político-militar, es probable que desde afuera de las filas se estén promoviendo procesos de desmoralización de la tropa. Los jóvenes oficiales que vayan quedando al frente de los operativos contra insurgentes deben no solo cumplir con la nueva disposición, sino garantizar triunfos militares sobre las guerrillas, ajustados a las normas de la guerra.
Con la nueva disposición, la legitimidad social se pone por encima de la legitimidad política que solía acompañar a las órdenes perentorias que Iván Duque y su ministro Molano daban a los militares de bombardear campamentos guerrilleros. Ahora la orden, también perentoria, es otra: No más bombardeos… ¡ar!
@germanayalaosor
Sobre el autor o autora
