Metrolínea: lo que pasa cuando lo público importa un carajo

Por ISMAEL OROZCO SÁNCHEZ*

Un periódico local informa que se han robado elementos de las estaciones de Metrolínea por un valor de $16.000 millones.

El calvario recorrido por esa empresa pública desde su creación ha sido tormentoso, pero el tema de hoy son las estaciones afectadas o robadas. Un total de 11 casi desaparecidas, de las 17 existentes.

Creemos que ha llegado el momento de comprar el candado que tanto nos anunciaron en la campaña del pastor Jaime Beltrán. También debe servir para cuidar los bienes públicos y no solo para fastidiar inmigrantes venezolanos.

La información conocida indica que entre los meses de marzo y noviembre de 2.023 se presentó el desvalijamiento de las estaciones. Nosotros preguntamos si no hubiera sido más conveniente contratar con una firma de vigilancia privada el servicio de “recorredores”: vigilancia privada durante 24 horas por parte de personal que recorriera en moto todo el circuito entre Piedecuesta y Bucaramanga.

Nos dicen que ese servicio tiene un estimado de $15 millones mensuales. O sea que si hubieran pagado $150 millones durante los diez meses mencionados, no se habrían perdido $16.000 millones. La siguiente pregunta es: ¿tienen contratada una póliza para cubrir vandalismo y desvalijamiento?

Señor alcalde:

Estamos enterados de que Metrolínea está en proceso de liquidación y que hay diferentes conceptos para hacerlo. Que no hay plata para pagar lo que se debe y que para escurrir el bulto pueden “conejear” a los acreedores, negándose a pagarles y que ellos se queden con escritorios, papelería y teléfonos del ente gestor, dado que los carriles exclusivos y portales- particularmente esos bienes del Estado- son inembargables: tesis de la Administración saliente.

La comisión de empalme que usted delegó ha debido informarle que en la sola deuda con el concesionario de Papi Quiero Piña, se registró un pendiente por $145.256.692.383. Que los intereses de mora se pactaron en DTF más 5 % sobre saldos. Todo eso se debe desde 2016.

También sabemos de su propuesta de remplazar los buses Diésel por eléctricos, pero no sabemos si usted está enterado de que la tipología de buses padrones que cubrían la ruta Piedecuesta- Bucaramanga (45 de ellos), ya no están disponibles en el mercado. Solamente hay articulados y alimentadores. Los articulados no podrán parar en muchas de las estaciones (las de un solo vagón) que se reconstruyan, por el inconveniente de su longitud.

Pero no está por demás hacerle notar que, si solo se cambian los buses, pero no el modelo de contratación, el próximo alcalde estará enfrentando las mismas dificultades que hoy usted enfrenta.

Tampoco sobra mencionar que los buses eléctricos requieren “linieras” o cableado para recargas. Y que esas recargas deben ser rápidas (350 KW) para que el proceso sea eficiente, para los muchos buses.

Igualmente debe saber que el costo de cada liniera supera el orden de los 100.000 dólares, y que sumados a las bus-estaciones, redes y demás acondicionamientos, termina siendo una suma considerable, que no se ha dicho quien la aportará. ¿Acaso la Electrificadora, con lo que asegura un negocio, o el Gobierno central… o los municipios?

Nuestra preocupación, como veedores ciudadanos, radica en que al final los contribuyentes terminamos pagando todos los platos rotos, sin haber tenido la oportunidad debida de utilizarlos.

* Ismael Orozco Sánchez es ingeniero de Transportes y Vías de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). Exalcalde de Floridablanca, gerente de los Ferrocarriles Nacionales división Santander, director del distrito 15 de Carreteras del entonces ministerio de Obras Públicas.

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