Por HORACIO DUQUE*
El Estado colombiano es el principal responsable de la peligrosa y violenta situación por la que atraviesan los excombatientes de las Farc ubicados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Mariana Páez del municipio de Mesetas (Meta). Lo es porque no implementó los Acuerdos de paz de la Habana y los hizo trizas (Iván Duque), propiciando una campaña de exterminio y masacres de los exguerrilleros que asumieron de buena fe lo firmado por los agentes del gobierno de Juan Manuel Santos.
Igual responsabilidad le cabe a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que no brinda oportunamente las medidas de protección a los combatientes agrarios, como lo ordena la Ley, pues allí se despilfarran los dineros apropiados en burocracia con altísimas prebendas salariales, prestacionales y en gastos de representación.
Lo que ha hecho la felonía estatal es agravar el conflicto social y armado -que hoy se mueve en un tercer ciclo-, con eventos execrables como los que se desprenden de los choques entre militares (contrainsurgentes) y guerrilleros del ELN (ver noticia), dado que no existe un cese bilateral del fuego, que las facciones de la ultraderecha (gobernadores uribistas, El Tiempo y otros medios) cuestionan para el caso del Estado Mayor de las Farc Ep y la Segunda Marquetalia, como si el estado óptimo del orden público fuera el escenario del Catatumbo, el Cauca o el Bajo Cauca antioqueño. Mal haría el gobierno en si les para bolas a estas campañas de la ultraderecha (Libertad y orden con golpes blandos) y anula los decretos del cese bilateral del fuego que están vigentes, los cuales apalancan avances de la Paz total, como la Agenda pactada con el Eln y la Mesa de diálogos con el EMC Farc EP.
La problemática en Mesetas y otros 29 municipios del Meta -gobernado por un bárbaro proparamilitar-, además de los desplazamientos en curso (nomadismos biopolíticos) tiene otros ingredientes bastante graves, ¡gravísimos!
Me refiero a lo que ha ocurrido con los dineros de la paz que administra el OCAD Paz, que se debieron invertir en los 170 municipios PDET, los cuales fueron a parar a los bolsillos de alcaldes, gobernadores, políticos y contratistas corruptos, los mismos que se robaron más de medio billón de pesos con el manejo ilegal del OCAD, por parte de Emilio Archila (Consejero de paz), en el gobierno de Iván Duque y con la complicidad de la Contraloría, Planeación Nacional, senadores, alcaldes, gobernadores y el Ministerio de Hacienda.
Mesetas es un caso emblemático, con presuntos malos manejos de los dineros del OCAD Paz, por parte del actual alcalde Yonier Alfredo Flórez, compinche del proparamilitar gobernador Juan Guillermo Zuluaga, el jefe de toda esta orquesta delincuencial al que recientemente le capturaron su secretario de Gobierno, Hernán Gómez Niño, hermano del reconocido piloto Samuel Niño, quien desapareció en 2019 mientras viajaba traficando con drogas en una avioneta por Centroamérica y tenía como destino México.
Gomez está acusado por la Fiscalía del robo de miles de millones de pesos de los presupuestos departamentales de infraestructura, agricultura, salud y de varios municipios como Fuente de Oro, Granada y Lejanías, con graves daños a la administración pública.
Toda esta podredumbre intenta ser encubierta por el gobernador Zuluaga con la campaña de “Libertad y orden”, que manipula de manera grotesca el Escudo nacional colombiano para ambientar un “golpe de estado blando” en el que coincide con los grupos neoparamilitares del Meta (Puntilleros y Bloque Meta), dominantes en los municipios del sur del departamento llanero desde Acacias hasta Puerto Concordia y Mapiripan.
En Mesetas el OCAD Paz ha autorizado, desde 2018, proyectos por un valor cercano a los 110 mil millones de pesos para vías y redes de energía. Sin embargo estas inversiones registran varias irregularidades y retrasos que hemos intentado frenar con las veedurías ciudadanas del municipio, sin resultados positivos por causa de las amenazas y presiones de fuerzas oscuras que controlan el territorio en complicidad con funcionarios públicos que montan pescas ciudadanas en varios puntos de Mesetas; al alcalde Flórez le hemos hecho varios derechos de petición solicitando -en los términos de la ley- información sobre la ejecución de dichas obras, pero este funcionario se da licencias para desconocer el mecanismo de la auditoría social que hemos organizado en el municipio de Mesetas en defensa de la paz. Para el 15 de abril hemos convocado a una Audiencia pública de control de estas obras, que esperamos cuente con todas las garantías y la más amplia participación de la ciudadanía.
En el departamento del Meta las inversiones del OCAD Paz en los últimos 60 meses alcanzan la cifra de 400 mil millones de pesos, que presuntamente han sido golpeados por el despojo orquestado por el gobernador Zuluaga, con graves daños en los municipios PDET, que son los mayormente afectados por la pobreza, la corrupción y la violencia de los grupos neoparamilitares.
Con la red de Veedurias ciudadanas del Meta estamos convocando una Audiencia pública departamental para intentar un examen a las inversiones sustentadas con los dineros del Sistema General de Regalías que centraliza el OCAD Paz para inversiones en los 170 municipios PDET sumidos en la mÁs completa pobreza y miseria.
* Historiador y analista político. Profesor universitario.
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