Por GERMÁN AYALA OSORIO
El plan para asesinar a Gustavo Petro, denunciado por la campaña del Pacto Histórico, se produce en virtud del miedo-pánico que agentes políticos de extrema derecha han expresado por el cambio de régimen que supondría un eventual gobierno suyo. Se suma a lo anterior que el gobierno de Iván Duque lo había elevado a la condición de “enemigo de Colombia”. Esto, estructuras sicariales y paramilitares como La Cordillera lo asumen como patente de corso para atentar contra él.
La participación directa en la campaña por parte del presidente de la República y las constantes críticas y reacciones en contra de todo lo que dice y hace Petro, en muchas ocasiones, sin nombrarlo, no solo es ilegal, sino que deja entrever una fuerte animadversión contra el candidato.
Una vez la campaña de Petro hizo públicas las amenazas, la reacción del gobierno y de las autoridades de policía, fue rechazar la existencia del plan criminal. Sin duda, estamos ante una actitud complaciente y negligente. Duque está obligado como máxima autoridad administrativa y responsable del orden público, a ordenar un operativo policial y militar para desmantelar la estructura sicarial. Pero no, optó por quedarse en el lugar cómodo del funcionario negligente y cómplice. Si el plan se concreta y Gustavo Petro es asesinado, el país y quizás las autoridades terminarán llevando sus miradas hacia la figura de Iván Duque, por quedarse de brazos cruzados mientras asesinan al “enemigo de Colombia”.
El portal Cuestión Pública tuvo acceso a un informe de seguridad, en el que se exponen las condiciones en las que se perpetraría el ataque, al momento de hacer una presentación en plaza pública. Incluso, se revela que ya habrían entregado 1.5000 millones de pesos, a razón de 500 millones para tres sicarios de la estructura sicarial conocida como La Cordillera.
Llama la atención que el candidato del régimen uribista, Federico Gutiérrez, no se haya pronunciado contra el atentado, como sí lo hicieron los candidatos Fajardo y Hernández, para rechazar el plan diseñado para atentar contra su competidor inmediato. Quizás su silencio se explique porque Gutiérrez también asume a Petro Urrego como un enemigo, no como un contrincante. Y el nuevo ungido del gran patrón está obligado a aplicar el principio uribista que señala que “el enemigo de mi amigo también es mi enemigo”.
Tampoco se debe olvidar que el Establecimiento tiene experiencia en asesinar candidatos presidenciales contrarios a los intereses de los banqueros y de la clase empresarial. Baste con recordar a Luis Carlos Galán, a Carlos Pizarro o a Bernardo Jaramillo, para comprender que efectivamente la institucionalidad tiene reconocida experiencia en asesinar a personas contrarias a sus intereses. en el caso que hoy nos ocupa, Petro es el único candidato presidencial anti régimen, esto es, contradictor del régimen mafioso y criminal que de tiempo atrás opera en Colombia.
En los años 90, cuando fueron asesinados tres candidatos presidenciales, el DAS de la época fue la institución usada para instrumentalizar y perpetrar los crímenes. Si bien hoy no existe ese ente, el mismo régimen cuenta con grupos de sicarios como La Cordillera y otros, para sacar del camino a cualquier que pretende -de nuevo- oponerse al Establecimiento.
Asesinar, neutralizar o ponerle la “mota” (en referencia a los algodones que llevan los cadáveres en las fosas nasales) a Gustavo Petro es hoy para el régimen un imperativo (in)moral, porque el candidato de la Colombia Humana es el único que puede desestabilizar a las mafias que el uribismo logró enquistar en todas las instituciones del Estado.
Hace ya varios años bajaron de Miranda (Cauca), en plena cordillera central, los compañeros de Petro Urrego para firmar la paz y aportar al cambio de la Constitución política. En esa recordada transición entre los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria. Hoy, una banda sicarial con el mismo nombre de ese accidente geográfico se propone asesinar a quien le apostó al cambio desde la institucionalidad.
Y esto ocurre porque Uribe jamás desmovilizó a las estructuras paramilitares. Lo que hizo fue extraditar a sus cabezas más visibles y dejar sin norte político a una apreciable cantidad de gatilleros, que el Estado no recogió mediante procesos serios de reincorporación a la vida social, política y económica del país. Hoy, cientos de esos hombres operan como sicarios al servicio del régimen, con la anuencia de agentes estatales. Los silencios de la inteligencia del Estado y de la Policía Nacional ante las evidencias divulgadas por la campaña presidencial amenazada y por Cuestión Pública, son formas de complicidad que el país ya conoce.
El argumento oficial que señala que el esquema de seguridad es de los más robustos, es débil. Baste con recordar que a Galán le cambiaron los escoltas y modificaron la estrategia, para facilitar su asesinato. Para el caso de Petro, basta con ofrecer 1.500 millones de pesos para que sicarios bien entrenados (quizás apelando a francotiradores) logren “ponerle las motas” a Gustavo Petro.
No se sabe qué pueda pasar si los sicarios de la Cordillera o los de otra estructura criminal cumplen con la orden dada de frenar, a como dé lugar, al candidato del Pacto Histórico. Lo único cierto es que la responsabilidad de lo que le suceda será exclusivamente del gobierno de Iván Duque Márquez y del uribismo. La Cordillera estaría apenas cumpliendo una orden.
@germanayalaosor
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