Por GERMÁN AYALA
Con la comparecencia de Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), la seriedad, diligencia y compromisos con la verdad de la Fiscalía y de Justicia y Paz quedan altamente comprometidos, pues el país aún no termina de comprender el proceso de captura del Estado y los niveles de corrupción institucional que se logró de la mano de quienes agenciaron el fenómeno paramilitar y lo convirtieron en el proyecto civilizador más importante de la derecha colombiana de los últimos tiempos.
Hay que aplaudir el trabajo de los magistrados de la JEP en lo que concierne a la construcción de una verdad jurídica esquiva, dados los históricos defectos del sistema de justicia colombiano, penetrado por mafias de diferentes pelambres, pero también lamentar para la sociedad, la imposibilidad de procesar y condenar a poderosos agentes estatales, empresariales y políticos bajo el marco de la justicia ordinaria.
Así las cosas, la justicia transicional y el eje ético-político que se desprende de la aspiración institucional asociada a lograr verdad, justicia, reparación y no repetición, servirá para saber qué pasó, pero no para castigar con el rigor del código penal a aquellos individuos que, vestidos de paño y desde perfumadas oficinas patrocinaron masacres, desplazamientos forzados, magnicidios y la captura mafiosa del Estado; o apelaron a todo tipo de trucos jurídicos para absolver a los determinadores de corbata que hoy gozan de total impunidad, a pesar de que medio país sabe de sus andanzas.
Eso sí, hay que hacer diferencia entre el actuar criminal de paramilitares y guerrilleros sometidos a procesos de justicia transicional, y el de aquellos funcionarios estatales formados en universidades públicas y privadas. De igual manera, a quienes hacen parte de conglomerados económicos y se autodenominan como “gente de bien”. Para estos, sinceramente, no tendría por qué haber una oportunidad penal, en el sentido que exhibe la justicia transicional, por tratarse de gente que ha vivido en medio de privilegios y tuvo una ejemplar formación académica.
Si bien el modelo de justicia transicional permite meter en el mismo costal a unos y otros, para lograr verdad, justicia, reparación y no repetición, queda el sinsabor que produce no ver tras las rejas a aquellos magistrados que mancillaron la justicia y otros funcionarios estatales y agentes económicos y políticos que delinquieron para favorecer a los líderes del violento proyecto civilizador que la derecha aupó para “modernizar”, a las malas, al país.
De lo dicho por Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, la JEP deberá cumplir con diligencia la tarea de entregarle al país el listado de magistrados, periodistas, jueces, políticos y empresarios que se aliaron con los confesos criminales. Resultaría interesante ver a estos amigos del paramilitarismo desfilar ante los/las magistrados(as) de la JEP, para salvarse de las penas que la justicia ordinaria les podría imponer. El país necesita ver en hilera a todos los que señalen Mancuso y Jiménez de haberles facilitado sus actividades criminales. De no darse esa posibilidad, queda que unos y otros comparezcan ante la justicia ordinaria o a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) si son aforados o lo fueron durante la comisión de sus delitos. El país necesita que la CSJ no caiga en el juego político de devolverle la terna que el presidente de la República les envió a los magistrados para que escojan de esta el remplazo del ladino fiscal general, Francisco Barbosa.
La nueva fiscal general de la nación tendrá la obligación institucional, moral y ética de aportar a la construcción de la esquiva verdad, justicia, reparación y no repetición, de la mano de la JEP; pero también, deberá estar dispuesta a investigar e imputar cargos a quienes desde instancias privilegiadas de poder económico, participaron del enorme entramado de corrupción de Odebrecht, en el que está involucrado el Grupo Aval, recientemente sancionado por las autoridades americanas por prácticas corruptas. En este último caso no podrá aceptarse el perdón, fruto del pago de millonarias fianzas y mucho menos, la aceptación de chivos expiatorios sobre los que ya recae parte de la responsabilidad de lo ocurrido.
Si bien el perdón y la reparación son elementos que están encaminados a construir una nueva eticidad pública y privada, los altos niveles de impunidad en sectores de poder político y económico constituyen una burla para la sociedad. Al devenir moralmente confundida la sociedad colombiana, se necesita de decisiones judiciales ejemplarizantes y esto se logra imponiendo duras penas a aquellos que hacen parte del selecto grupo de la “gente de bien” que comete delitos. Al final la pregunta es: ¿qué tanto ponen a temblar Mancuso y Macaco al histórico régimen criminal colombiano?
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