«Los falsos positivos fueron parte de una política de Gobierno»: Alejandro Valencia

Po el interés que adquieren en el delicado momento histórico que atraviesa Colombia, El Unicornio se permite reproducir para sus lectores las palabras de Alejandro Valencia, magistrado de la Comisión de la Verdad en el reconocimiento de responsabilidades sobre las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) en Bogotá y Soacha.

«Quiero dar un saludo muy especial a Cecilia, a Rubiela, a Carmenza, Soraida, Beatriz, Ana, Blanca Nubia, Doris, Gloria, Clara y también a Sandro Mauricio, a Gabriel de Jesús y a Paulino. Reconocer es admitir algo como cierto aquí hoy se están admitiendo varias facetas de lo que significa reconocer. Una es reconocer a unas víctimas a quienes les asesinaron sus seres queridos de una forma indignante, civiles presentados como guerrilleros muertos en combate. Otra, reconocer un crimen atroz y deleznable, ejecuciones para mostrar resultados en la guerra.

Otra más, admitir por parte de tres responsables que ellos cometieron esos crímenes. Hacer estas admisiones en esta Plaza Pública no solo es inusual, sino que es un acto muy audaz. No es fácil ni para las víctimas ni para los responsables ni para nosotros, los testigos de este momento. Se requiere valor de unos y otros, muchos sentimientos nos están atravesando hoy el corazón. El respeto y la honestidad son valores centrales en este encuentro y sabemos que este es un paso inicial para una reconciliación.

Quiero presentar algunas de las cosas que dirá la Comisión de la Verdad en su informe final, el 28 de junio de este año, en particular sobre este caso. Para el desarrollo de la investigación en relación con el caso de estas ejecuciones extrajudiciales, la Comisión de la Verdad recopiló 1042 entrevistas a víctimas, 178 entrevistas a comparecientes y 402 entrevistas a expertos, testigos y otros actores que aportaron información relacionada con hechos, dinámicas y contextos de las ejecuciones extrajudiciales. De igual manera, la Comisión recibió de distintas organizaciones y sectores de la sociedad civil: 320 informes y 91 casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales.

De esta investigación quiero subrayar subrayar 10 afirmaciones de verdad que la Comisión fundamentará en su informe final:

Primera, los asesinatos y desapariciones forzadas bajo la modalidad de combate simulados, ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, en su periodo de exacerbación, años 2002 a 2008, fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron como parte de una política de gobierno que tuvo apoyo de otras ramas del poder público, para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitaria su efectividad. Al privilegiar las muertes en combate sobre cualquier otro resultado militar, se incrementó se incentivaron graves violaciones de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), a través de un sistema de disposiciones legales y extralegales, nacidas desde el mismo gobierno implementadas al interior de las fuerzas militares.

Segundo, las disposiciones legales fueron aquellas leyes, decretos directivas, ministeriales, las circulares y directivas emitidas por las Fuerzas Militares que dieron el marco legal para implementar el sistema de conteo de cuerpos como resultado operacional por excelencia y evitar una posible investigación efectiva de esas acciones. Las disposiciones extralegales de la política se basaron en aquellas órdenes y modos de actuación de las Fuerzas Militares y del Gobierno Nacional, que si bien no se encontraba en escritas en la normatividad en la
práctica ocurrieron con grado de frecuencia que da cuenta de su institucionalización.

Tercero, los principales responsables son el Ejército Nacional, sin embargo, la Comisión constató que en estos hechos se consolidó un entramado de actores estatales y no estatales con diferentes niveles de jerarquía, participación, responsabilidad y relaciones entre ellos; tales como, los grupos Gaula, la Armada Nacional, el DAS, la Justicia Penal Militar, el Consejo Superior de la Judicatura, empresas multinacionales, grupos paramilitares, entre otros.

Cuarto, las víctimas de estos hechos provinieron de los sectores poblacionales más vulnerables y fueron seleccionadas por habitar ciertos territorios considerados como auxiliadores de la guerrilla, por considerarlas prescindibles para la sociedad o por asumir su condición de integrantes de grupos armados, principalmente, de guerrillas sin corroborar su condición y sin encontrarse en enfrentamientos armados. En momentos en los que se solicitaba el combate a los grupos paramilitares y grupos post desmovilización, las víctimas fueron reportadas como integrantes de estas agrupaciones. Las víctimas también fueron, en su mayoría, hombres jóvenes.

Quinto, el “modus operandi” de las ejecuciones extrajudiciales trajo como consecuencia la implementación de una cadena de acciones fraudulentas, antes, durante y después de la realización del crimen, en las cuales llegaron a participar de forma consciente efectivos de todos los rangos de la Fuerza.

Sexto, dentro de estas acciones fraudulentas se puede evidenciar una alta malversación de fondos del Estado, los cuales se destinaron para financiar esta práctica criminal. Un uso inadecuado de dinero proveniente de los gastos reservados; el cual terminó en manos de civiles y militares que participaron directa e indirectamente en estos hechos. Así como, también, se suministraron bienes: como armamento, municiones o equipamientos a grupos paramilitares, usados como moneda de cambio para fortalecer el vínculo de estas estructuras armadas ilegales y planificar bajas, bajo la simulación de combates.

Séptimo, a pesar de que se exacerbaron en el año 2002 y escalaron a una política de Estado, estos hechos han ocurrido, por lo menos, desde los años 80 hasta la actualidad en Colombia. En el período previo del año 2002, se pudo dar cuenta que desde los años 80 está dinámica estuvo asociada, principalmente, contra quienes se consideraron la base civil de las guerrillas, personas relacionadas con ideas de izquierda, y reivindicación de derechos, como pertenecientes a grupos guerrilleros bajo la justificación de la eliminación del enemigo interno y tanto el Ejército Nacional como la Policía Nacional estuvieron involucrados en hechos de esta naturaleza.

Octavo, a pesar de que en la segunda mitad de los años 90, varios organismos internacionales advirtieron sobre estos hechos y que, además, los Estados Unidos contaban con información que establecía que la práctica del “body count” se estaba llevando a cabo en Colombia. Estas denuncias e informaciones no fueron tomadas en cuenta para frenar las dinámicas que llevaron a su ocurrencia y en consecuencia, facilitaron la exacerbación de la práctica en el período 2002 – 2008, gracias, también, a los recursos obtenidos a través del Plan Colombia.

Noveno, en el desarrollo de está política fue evidente la articulación que tuvieron efectivos del Ejército Nacional con grupos paramilitares; como se deriva de los testimonios de responsables y víctimas junto con las investigaciones de organismos internacionales de protección de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y de la Fiscalía General de la Nación, la coordinación constante con paramilitares fue central en la realización de las ejecuciones extrajudiciales, ya que esté relacionamiento estuvo ligado a la exacerbación de la práctica entre el año 2002 a 2006, año en que culmina la desmovilización colectiva de estos grupos armados ilegales. A la luz de esto, esta dinámica fue más allá de la relación del Ejército Nacional con estas estructuras criminales. En contravía del deber constitucional de la Fuerza Pública, este relacionamiento se ejecutó en la mayoría del territorio nacional; se basó en acuerdos para que los paramilitares hicieran presencia en los territorios a cambio de señalar personas o entregar cuerpos de víctimas para presentarlos como bajas en combate. Además, estuvo legitimado a través de la red de cooperantes creada por el Gobierno Nacional.

Décimo, de confirmar de conformidad con el Auto 033 de 2021 de la Jurisdicción Especial para la Paz existe un estimado de 6.400 víctimas en el periodo del 2002 – 2008. Sin embargo, tal como lo expresó el órgano judicial y lo identificó esta Comisión, esta es una cifra preliminar que puede tener variaciones en el futuro. La información recopilada por la Comisión de la Verdad da cuenta de que conformidad con el número de hechos que no han sido conocidos por la justicia y las alarmantes cifras de personas desaparecidas, efectivamente, aún existe un alto subregistro de casos.

Muchas gracias«.

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