Llegó el lawfare o ‘guerra judicial’ a Colombia

Por DIEGO OTERO PRADA

Llegó a Colombia el lawfare, término inglés para referirse a un sistema judicial que se dedica a acusar y juzgar a los opositores al sistema político de un país. Esto se da cuando el aparato judicial está controlado por el gobierno.

Ejemplos de lawfare en Latinoamérica

Brasil : Allí el lawfare se dio para juzgar a Luis Ignacio Lula y miembros del Partido de los Trabajadores-PT, en el famoso juicio de Java lato, llevado a cabo por el corrupto juez Sergio Moro. Cínicamente, Lula fue acusado de corrupción. El objetivo era impedir que se presentara a las nuevas elecciones presidencias, en que las encuestas lo daban como ganador. Todo era falso, y en 2020 quedó claro que Lula no tenía que ver nada con actos de corrupción, pero el daño ya estaba hecho. En 2021 la Corte de Justicia confirmó la inocencia de Lula.

Argentina: La guerra judicial se produjo para perseguir a los Kirchner y sus aliados, y fue muy fuerte en el gobierno de Mauricio Macri.  El kirchnerismo ha sido objeto de ataques continuos durante más de 20 años por el grupo Clarín que maneja los medios de comunicación de Argentina, un grupo vinculado con los gobiernos militares y con la derecha argentina.

Ecuador: El movimiento de Rafael Correa designó como candidato presidencial a Lenin Moreno, quien apenas ganó las elecciones se deslindó de este, en un acto de total deslealtad, y comenzó una persecución contra el correísmo, que contó con la connivencia de la fiscalía y la justicia ecuatoriana. Aquí también el objetivo era impedir un triunfo en las elecciones de 2021 de la gente de Rafael Correa, e impedir que estuviera en Ecuador, y aún, se prohibió su nombre en la propaganda.

Bolivia : La dictadura de derecha de Jeanine Añez estuvo dedicada de principio a fin a perseguir a Evo Morales y su gente. Se acusó a Evo Morales de fraude electoral. Igualmente, como en Brasil y Argentina, la idea era impedir que el movimiento de Evo Morales pudiera llegar de nuevo al poder. Como en Argentina, fracasaron.

El lawfare cuenta con la aprobación de la Fiscalía General, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, instrumentos del poder represivo que se ha instalado en Colombia.

La guerra jurídica en Colombia

Ahora -lo que faltaba- también tenemos lawfare en Colombia. Ya están persiguiendo al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, al congresista Gustavo Bolívar y miembros de Colombia Humana, entre otros. A los jóvenes proletarios y de bajos ingresos de la primera línea se les acusa de terroristas.  El instrumento es el fiscal Barbosa, el compañero de estudios de Iván Duque, feroz derechista y hombre sectario.

Igualmente, hay una cacería de brujas contra los manifestantes para acusarlos de terrorismo, de incitación a la violencia, de ataques a la fuerza pública. En esto se tiene la connivencia de jueces y fiscales conservadores, y los organismos como la Fiscalía General, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, instrumentos del poder represivo que se ha instalado en Colombia.

Pero, lo más asombroso, es el papel de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, enemiga de las protestas, y dedicada a perseguir a los integrantes de la primera línea, que los acusa de terrorismo y de vandalismo en Bogotá. Asimismo, se une en el ataque al Pacto Histórico, especialmente al senador Gustavo Petro, acusándolos de promover el caos. Es la principal aliada hoy de Iván Duque y el uribismo.

Las acusaciones contra Gustavo Bolívar son delirantes. Se parte de que los integrantes de la primera línea son delincuentes, entonces quien los apoye es un delincuente también. Darles elementos para que se protejan no es ningún crimen. En todo el mundo los manifestantes se cubren la cara, usan máscaras y escudos para protegerse de las fuerzas represivas policiales. Esto lo hacen en Chile, Corea del Sur, Taiwán, Francia, Estados Unidos, en los países del oriente, en general, en todas partes. Es pura defensa legítima. Claro, entonces tienen que acusarlos de vándalos y terroristas para poderlos judicializar y parar el contingente más importante de las marchas.

La idea es callar a los jóvenes y a quienes los defienden como el senador Gustavo Bolívar y otros.  ¿Quién dijo que ayudar y aún financiar a grupos legítimos es un delito? La oligarquía y sus acólitos. El régimen, como decía Álvaro Gómez Hurtado. Pero, la campaña es acusarlos sin pruebas de actos vandálicos y terroristas, como los dicen los miembros del Centro Democrático, como el senador Ciro Ramírez, ese extremista de derecha, dedicado a inventar falsas acusaciones y, desafortunadamente se les unió la alcaldesa Claudia López, que ha manejado pésimamente la pandemia y la seguridad de Bogotá.

Todo esto muestra que el régimen esta asustado y cree que persiguiendo y reprimiendo va a acallar a la gente. No lo logrará, Colombia cambió, la gente no tiene miedo de salir a la calle, está decida a defender sus derechos. Pero, el régimen y sus aliados políticos y en los gremios no lo quieren entender, creen que reprimiendo y asustando a la gente van a ganar, y no es ni va a ser así. En el 2022 se les dará el gran batacazo. El miedo, lo que siempre usa la derecha, así como las noticias falsas, las calumnias, las mentiras, los atropellos no les está funcionando y no les va a funcionar esta vez.

Muchos hablan de que estamos ante una dictadura cívico militar, ya que las fuerzas armadas están manejadas por militares y policías de derecha y uribistas, que son grandes soportes del régimen oligárquico colombiano, hoy en manos del Centro Democrático.

Conclusión

Como en Brasil, Argentina., Ecuador y Bolivia, el papel de los demócratas y progresistas en Colombia y el mundo es impedir estos ataques y persecuciones judiciales injustificadas a la oposición al régimen uribista.

Como en estos países la derecha y la centro derecha no tienen la fuerza electoral suficiente, la idea es impedir el triunfo de las fuerzas progresistas a través de maromas judiciales y desprestigio a los líderes políticos y populares por los medios de comunicación que manejan los regímenes derechistas.

Infortunadamente nos llegó la guerra judicial a Colombia, impulsada por el gobierno y los organismos de control manejados por el gobierno y por jueces, no todos, de extrema derecha, que se pliegan a esta guerra sucia.

En esto muestran que están asustados si tienen que recurrir a una guerra sucia. Desde las elecciones de octubre de 2019 se probó que el país cambió, que la derecha ya no domina al electorado ni al pueblo colombiano. Los actos sucedidos desde octubre de 2019, los estallidos estudiantiles de 2020 y la insurrección de 2021, son una prueba fehaciente de que estamos ante un nuevo país que quiere cambio, que rechaza a los partidos tradicionales, que no cree en los medios de comunicación, en el parlamento, en las fuerzas de policía, en las instituciones, en las clases dirigentes, que los que se consideran de derecha no pasan del 20 %, que el 74% apoya el paro nacional, que ya no hay miedo de manifestarse, en fin, que los colombianos decidieron rebelarse ante las injusticias que han sufrido en más de 200 años de independencia de España.

Y esto no lo van a parar a punta de represión, de judicializaciones, de tomar el pelo a las reivindicaciones justas, de provocar miedo y estigmatizaciones, de profusión de calumnias, de falsas informaciones, de acusar a todo el que protesta de terrorista o de vándalo, de matar, violar, herir, desparecer.

Colombia cambió.

@DiegoOteroP

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