La vagabundería de la financiación electoral

Por PUNO ARDILA

Ellos, los encargados de lubricar, encender y echar a andar el tejemaneje politiquero, lo tienen claro: «La maquinaria cuesta esta cantidad para una gobernación; esta otra cantidad para el Senado, esta para la Cámara, y tanto para una alcaldía…». Y así… Tienen claro también cuánto se paga a un líder que consigue un número determinado de sufragantes, así que, dos gobiernos atrás, se pagaba un millón por un presidente de Acción Comunal, diez por un concejal y cien millones por un diputado (quién sabe cuánto cuesten hoy esas compras).

Y así como los que compran lo tienen claro, también los que venden, como lo enfatizó Mábel Lara hace unos días: si a los líderes no se les ofrece dinero por la consecución de votos, no hay manera de que apoyen proyecto alguno, así pueda llegar a ser de beneficio para su comunidad. Los líderes (no todos, por supuesto) no tienen preferencias… Bueno, sí tienen: les gusta mucho ver caras llamativas, como la de Carlos Lleras Restrepo (en los billetes), por ejemplo, o la de Gabo, y ojalá repetida muchas veces.

El Espectador del jueves 10 de marzo informa que en las campañas de 2018 se reportaron $364.000 millones de pesos (eso fue lo que se reportó, pero falta averiguar lo que no se reportó), y sugiere «que se cobre impuesto a estas sumas, puesto que luego los aportantes se las cobran a los contribuyentes con la manipulación de leyes que los favorecen solo a ellos». Una proposición absurda, porque se acepta la transgresión de las leyes. En vez de ello, debe regularse el tope máximo de las campañas muy por debajo de lo que tienen autorizado hoy, y coordinar la participación mediática, que por gusto y obligación tiene que estar soportada en los medios, porque estos están regulados (en teoría) por el Estado.

Esta suma, que con seguridad será mucho mayor, además de tantas pruebas (recordemos a Julio Gerlein) destapan la realidad que vive nuestro país del negocio de la política, y muestran abiertamente que inversionistas como este meten su dinero a una campaña, y después sacan del erario, de una forma o de otra, esas sumas, pero multiplicadas; si no, ¿cuál es el negocio, socio? Esto es lo que tenemos en Colombia: una democracia mal entendida y mal habida.

La solución, entonces, como fue planteado la semana pasada, no es seguirles el juego y cobrar impuestos a los aportantes de las campañas por sus contribuciones millonarias; la solución es frenar esta vagabundería y poner a los candidatos a hacer campañas con ideas, para que gane la mejor propuesta, y no el que consiga más dinero.

Cobrar impuestos a las multimillonarias “inversiones” a las campañas es como si comienzan a cobrar impuestos a los fleteros, a los salteadores, a los atracadores y a los secuestradores. Son delitos distintos; pero esto que está ocurriendo con nuestra política lamentable, con nuestro remedo de democracia, también es un delito. No nos digamos mentiras.

@PunoArdila

(Ampliado de Vanguardia)

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