Por GERMÁN AYALA OSORIO
El robo de los testimonios entregados por alias ‘Otoniel’ y grabados en equipos electrónicos de la Comisión de la Verdad, constituye un ataque de extrema gravedad. La extracción ilegal del material de la vivienda de los investigadores de dicho organismo estatal, se da pocas horas después del incidente con personal de la DIJIN que terminó con la cancelación de la diligencia de escucha en la que el hasta hace poco jefe del Clan del Golfo estaba contando su verdad sobre aspectos y dinámicas del conflicto armado, en la zona en la que este operó como amo y señor durante más de 15 años. Ambos sucesos hacen pensar que se trata de una acción coordinada en la que probablemente estén involucrados agentes de los organismos de seguridad del Estado. No se trata de un robo común, por supuesto. Esto hace parte de un plan muy bien orquestado para tratar de intimidar a la Comisión de la Verdad.
A pesar de la exhortación que al gobierno le hizo la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, todos sabemos que Iván Duque poco hará, por tres razones: la primera, porque ya va de salida y son pocas las autoridades que le obedecen; la segunda, porque como Jefe de Estado solo le alcanza para medianamente tener algún control institucional en Bogotá, dada la debilidad de esa figura, por cuenta de su incapacidad y pusilanimidad. Y tercero, porque él forma parte de los sectores de poder legal e ilegal que buscan hacer trizas la paz y por esa vía, evitar que la verdad salga a la luz.
Así, estamos ante un plan diseñado por parte de quienes temen que se sepa la verdad de las andanzas y las relaciones de empresarios, oficiales de la Policía, el Ejército y clase política, con Dairo de Jesús Úsuga. Se cree que, si esa verdad queda consignada en el informe final que está por entregarle al país la Comisión de la Verdad, una parte del Establecimiento quedaría expuesta. Solo les queda dos caminos: presionar para que sea extraditado a los Estados Unidos o asesinarlo.
El intento por evitar que el país conozca la verdad de unos actores armados que se degradaron y en que dicho proceso de putrefacción participaron políticos, empresarios y altos mandos militares y policía, no les alcanza para que millones de colombianos construyamos una representación social negativa de las formas como opera el Estado. Representación que claramente puede expresarse de la siguiente manera: en Colombia hay un régimen criminal y mafioso que opera en regiones en las que el Estado no se necesita porque las relaciones sociales y la vida política y económica se manejan bajo el maridaje entre mafiosos, paras y guerrillas, con miembros de las fuerzas armadas. Esto último, de acuerdo con lo que hasta el momento se ha logrado conocer por parte de alias Otoniel, en particular con la figura del general Leonardo Barrero, cercano al Centro Democrático y al Innombrable. Así entonces, en la zona del Urabá, alias Otoniel, durante varios años fungió como una especie de “presidente ad hoc”, que mandaba con la anuencia de generales de la República, convertidos en subalternos del criminal de marras. Es decir, el mundo al revés. Al paso que vamos, Dairo Antonio Úsuga estaría exhibiendo más mística, honor y lealtad que altos oficiales de la policía y del ejército, que olvidaron todo lo que aprendieron en la escuela de cadetes.
El hurto de la información bien puede servir para que quienes cometieron el ilícito, procedan a extorsionar a quienes son señalados en las grabaciones. O, por el contrario, para que los ilustres socios y amanuenses de alias Otoniel, inicien actividades, legales e ilegales, como intimidar al exjefe del Clan del Golfo, iniciar un ajuste de cuentas con otros que harían parte del entramado de corrupción criminal e incluso, prepararse judicialmente para desmentir, cuando el informe de la Comisión de la Verdad salga a la luz. No olvidemos que se trata de una verdad extrajudicial que no constituye prueba procesal alguna, aunque la justicia podría abrir procesos de indagación por los hechos que sean narrados en dicho documento.
De la misma manera como alias Otoniel actuó como una especie de “presidente ad hoc” en el Urabá, habrá otros que ostentan la misma autoridad ilegal en regiones como Cauca, Catatumbo, el Pacífico colombiano y el sur del país. El poder que acumuló Dairo Antonio Úsuga es la constatación no solo de que el Estado no hace presencia homogénea como asegura Fernán González, sino que su ya naturalizada debilidad y nula operación en zonas periféricas está garantizada desde las huestes castrenses, lo que les resta legitimidad a las Fuerzas Armadas. Resulta vergonzoso que oficiales de alto rango actúen bajo las órdenes de mafiosos y criminales. Eso los convierte en cómplices, al tiempo que sus uniformes pierden toda autoridad, quedando solo las hilachas del honor y de la mística perdidas, adheridas a las manchadas insignias “ganadas”, supuestamente, por perseguir a narco-paramilitares y guerrilleros.
@germanayalaosor
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