Javier Ordóñez: un crimen oficial


Por GERMÁN AYALA OSORIO

Los desafueros, las acciones temerarias y el uso excesivo, doloso y criminal de la fuerza por parte de miembros de la Policía Nacional se volvieron paisaje. Y es así debido a las nulas acciones emprendidas por la dirección de la Policía Nacional y del Ejecutivo para mejorar la formación de los policiales, que actúan más como enemigos de la ciudadanía que como sus guardianes y protectores.

El crimen de Javier Ordóñez a manos de policiales que lo sujetaron, inmovilizaron y electrocutaron con un taser, es hoy el hecho que tiene a la Policía Nacional en el ojo del huracán. En redes sociales los epítetos no se hicieron esperar, en rechazo a la manera violenta con la que reaccionaron los dos policías que ultrajaron a Ordóñez hasta matarlo: “sicarios, asesinos, matones, bandidos y bestias” fueron algunos de los calificativos que en las redes sociales recibieron los dos uniformados.

En el comportamiento de los dos patrulleros confluyen varios asuntos o elementos que hacen parte de nuestra realidad socio-política. El primero está atado al excesivo reconocimiento que el gobierno y una parte importante de la sociedad le viene otorgando a las Fuerzas Armadas: una sobrevaloración de sí mismos que minimiza la condición del “civil”. Al ser descomunal dicho auto-reconocimiento, el proceder violento y criminal de los uniformados termina siendo validado por el propio Gobierno de Iván Duque, quien en lugar de condenar accionar salvaje de los dos policías elogió la reacción asumida por los comandantes de esa fuerza y del propio ministro de la Defensa, por haberle salido al paso a lo sucedido, para plantear lo de siempre: una “exhaustiva investigación” y el consabido rechazo institucional a las acciones individuales de las eternas “manzanas podridas”. Duque calificó como una actitud “gallarda” los pronunciamientos del ministro de la Defensa y del comandante de la Policía de Bogotá. 

En el comportamiento de los dos agentes confluyen elementos que hacen parte de nuestra realidad socio-política. Foto tomada de Noticias.caracoltv.com

En su cuenta de Twitter el ungido de Uribe Vélez señaló: “Los miembros de nuestra Fuerza Pública son patriotas abnegados y de respeto a los ciudadanos. Pero debemos tener cero tolerancia con quienes deshonran el uniforme y abusan. Con los últimos hechos debe haber investigaciones rápidas y que se apliquen las normas como tiene que ser”.

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Nótese en primer lugar que Duque Márquez evita reconocer a la víctima, es decir, a Javier Ordóñez. Al obviar su nombre intenta minimizar el impacto social y político del crimen. Además, antes de hacer referencia al hecho, califica a los uniformados -incluyendo a los dos policiales comprometidos en el fatal desenlace-, como “patriotas abnegados”. El discurso de Duque no solo deviene jerarquizado, primero los uniformados y después los ciudadanos, sino altamente minimizante, pues optó por no precisar a cuáles hechos se refería y por negar la identidad y la condición de ser humano de la víctima: jamás pasó por su mente ofrecer perdón o disculpas a la familia de Ordóñez. 

El segundo elemento tiene que ver con el origen sociocultural y la formación de los policiales. No es un secreto que hacer parte de la Policía, en particular en los rangos inferiores, es la única opción que tienen cientos de miles de colombianos que no pueden acceder a una universidad. Además, un número importante de ese grupo de ciudadanos visualizan en el porte del uniforme la oportunidad para sacar a flote sus propias frustraciones, el macho violento y opresor, y en general una débil o nula estructura ética y moral, que se refleja en actos como los que motivaron esta columna.

Un tercer y último elemento que aparece es la soterrada complacencia que al interior de la Policía hay alrededor de este tipo de operativos. Es decir, puede haber dentro de la línea de mando una especie de “código legitimador” de este tipo de excesos. Y es posible que así sea por la inexistencia de un proceso de reorientación misional de la Policía Nacional.

Una primera acción-decisión a tomar debería de ser la de sacar a la Policía Nacional del ministerio de Defensa, para que sea de exclusivo manejo del ministerio del Interior. Así entonces, el crimen de Javier Ordóñez no solo es responsabilidad de los dos uniformados electrocutadores, sino del Estado en su conjunto, pero en particular del actual gobierno de Iván Duque, quien como Uribe sigue sobrevalorando a las instituciones armadas y por esa vía, minimizando los abusos en los que incurren los uniformados.

Y las consecuencias son claras: se desprestigia la Policía, pierde legitimidad y coadyuva al malestar social que genera la presencia en la calle de los policías. Están pasando de ser “abnegados patriotas” a matones con uniforme.

Adenda: Al pasar el caso de Dilán Cruz -asesinado por un oficial de la Policía Nacional- a la Justicia Penal Militar (JPM) se podría estar garantizando impunidad. Si por el contrario, el oficial es condenado, esa decisión podría terminar generando malestar entre la Policía y los jueces militares. En cualquier sentido, el caso  de Cruz debió asumirlo la justicia ordinaria y la propia Policía Nacional, institución que parece más bien interesada en echar al olvido el crimen del estudiante.

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