Por GERMÁN AYALA OSORIO
Con la decisión adoptada por la Contraloría General de la República (CGR), consistente en la imputación de cargos de responsabilidad fiscal a Sergio Fajardo y a otros tantos ciudadanos vinculados con la ejecución del proyecto Hidroituango, las suspicacias no se hicieron esperar. Los recelos los expusieron miembros del partido Verde y el senador Jorge Enrique Robledo, quienes, junto a periodistas afectos a Fajardo, dejaron entrever que detrás de la decisión del órgano de control había intereses políticos y electorales. Las dudas y miedos se expresaron señalando que se trata de una decisión política y no técnica.
La verdad es que todas las actuaciones de la CGR, per se, constituyen un acto político: como órgano de control tiene el poder y la autoridad legítima para investigar hechos relacionados con el detrimento patrimonial de obras de interés público, donde se invierten recursos estatales bajo las actuaciones de empresas públicas y agentes de Estado. Además, la escogencia del Contralor General corresponde a una decisión política, ancorada en finos procesos de clientelismo y pactos electorales-burocráticos suscritos por los partidos que avalaron su nombramiento. Es el caso del actual Contralor, Carlos Felipe Córdoba.
Así las cosas, la decisión de la CGR sin duda es política desde el punto de vista de las relaciones de poder, del ejercicio del mismo y de la autoridad que como órgano de control tiene para investigar a los exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, y al exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, entre otros ciudadanos.
Otro asunto es que los hallazgos y las pruebas allegadas por el equipo de la Contraloría General de la República hayan sido “ensuciados” por Carlos Felipe Córdoba, siguiendo instrucciones políticas de los sectores de poder político interesados en afectar la precandidatura presidencial de Fajardo, quien de tiempo atrás es el consentido del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y de otros agentes económicos de la sociedad civil que lo quieren llevar a la presidencia signado como una opción de centro, “no polarizante” y sobre todo, “decente”.
Como hecho político, la imputación de cargos a Fajardo Valderrama “calienta” el ambiente preelectoral y obliga a que las cabezas visibles del régimen político empiecen desde ya a recomponer alianzas, a establecer pactos y a reorientar apoyos gremiales, electorales y políticos, de cara a las elecciones de 2022.
Más allá de las tensiones político-gremiales que genera la decisión de la CGR, lo cierto es que la imagen de Fajardo Valderrama cada vez se desdibuja más, proceso que va de la mano de la caída de su mascarada democrática, con la que él mismo se ha vendido como un político sin tacha, amigo del diálogo, ambientalmente responsable. Sobre este último aspecto, hay que señalar que con los crímenes ecológicos y socio ambientales cometidos durante la construcción de Hidroituango, nunca jamás podrá ser considerado Fajardo como un político verde y amigo de la sostenibilidad.
En adelante se vendrá todo tipo de presiones contra la CGR, para desestimar los hallazgos que harían responsable a Sergio Fajardo por los delitos y las faltas graves cometidas en el desarrollo de la obra en cuestión. Si al final el exgobernador Fajardo es encontrado responsable fiscalmente, su candidatura presidencial estaría en riesgo. Si por el contrario, logra desvirtuar los elementos probatorios con los que la CGR le imputó los cargos; o si sale airoso por la decisión no autónoma de Córdoba, de ordenar el cierre del caso y reorientar las responsabilidades hacia Ramos y Gaviria, de todas maneras las suspicacias volverán, pero esta vez desde las huestes de quienes se oponen a la posibilidad de que el matemático llegue a la Casa de Nariño.
En todo caso, lo claro es que Fajardo pasó muy rápidamente de ser un gran simulador, a estar imputado.