La solicitud de que investiguen al candidato presidencial provino de una carta redactada por seis congresistas del Partido Demócrata de ese país que fue enviada al presidente Joe Biden el dia de ayer, con copia al secretario de Estado Anthony Blinken, al fiscal general Merrick Garland y a la secretaria del Tesoro Janet Yellen.
Estimado presidente Biden,
Apoyamos los importantes esfuerzos de su administración para contrarrestar la corrupción a nivel nacional e internacional, incluida su decisión de establecer la lucha contra la corrupción como un interés central de seguridad nacional de Estados Unidos y su publicación de la “Estrategia de Estados Unidos para contrarrestar la corrupción” (“The Strategy”).
Estamos totalmente de acuerdo en que la corrupción puede privar a los ciudadanos del acceso equitativo a servicios públicos vitales como la atención médica, la seguridad pública y la educación; degradar el entorno empresarial y exacerbar la desigualdad; contribuir a las violaciones de derechos humanos e impulsar la migración. Como señala The Strategy, la corrupción es una “amenaza fundamental para el Estado de derecho; la corrupción vacía las instituciones, corroe la confianza pública y alimenta el escepticismo de la población hacia una gobernanza eficaz y sujeta a una rendición de cuentas”.
Estamos deseosos de monitorear el progreso de The Strategy, incluida la promulgación de nuevas regulaciones cruciales y la implementación de nuevas políticas. Tomamos nota con particular interés del anuncio de diciembre por parte del Departamento del Tesoro, en el período previo a la Cumbre por la Democracia, de adoptar una nueva regla para identificar mejor quién está detrás de las transacciones inmobiliarias en efectivo y para ver si esas compras se están utilizando para albergar ganancias ilegales.
Este tema se ha vuelto particularmente relevante ya que el aliado cercano de nuestra nación, Colombia, lleva a cabo la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales el 19 de junio. Uno de los dos candidatos en la segunda vuelta, Rodolfo Hernández, enfrenta dos procesos judiciales relacionados con denuncias de corrupción durante su gestión como alcalde de Bucaramanga. La fecha de la próxima audiencia en la corte es el 21 de julio de 2022, lo que significa que, para cuando avance el proceso legal, los ciudadanos colombianos habrán emitido sus votos sin saber el resultado de estos procesos judiciales.
El primer cargo se relaciona con la contratación de un consultor por parte de Hernández en 2016 y 2017 para ayudar con una gran licitación de recolección de basura para la ciudad de Bucaramanga, mientras que el segundo cargo se relaciona con el intento de adjudicación del contrato de recolección de basura a una empresa privada, Vitalogic. Recientemente ha salido a la luz que, al mismo tiempo que se llevaba a cabo el proceso de contratación, la familia Hernández compró una serie de viviendas en el sur de la Florida cuyo valor total supera el millón de dólares. Estos hechos, como mínimo, plantean serias dudas sobre el compromiso de Hernández con la lucha anticorrupción.
Estas acusaciones nos recuerdan las revelaciones de que el entonces candidato presidencial ecuatoriano, Guillermo Lasso, era dueño de 144 propiedades en los condados de Broward y Miami Dade en Florida. Después de su elección, los Pandora Papers revelaron que el presidente Lasso había estado ocultando activos y eludiendo impuestos en las jurisdicciones estadounidenses durante años. El caso legal relacionado con Rodolfo Hernández tiene el potencial de ser otro ejemplo de las jurisdicciones estadounidenses que se utilizan con fines de evasión fiscal o para ocultar fondos de fuentes ilícitas.
En consecuencia, instamos respetuosamente a su administración a que investigue urgentemente este asunto y considere que las agencias estadounidenses pertinentes, incluidos el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, participen en una pronta pesquisa de estos asuntos, para garantizar que el pueblo estadounidense y el colombiano sean debidamente informados sobre cualquier posible acción ilegal o corrupta que involucre al Sr. Hernández o a cualquiera de sus familiares cercanos.
Atentamente,
Raúl Grijalva, Rashida Tlaib, Jesús García, David Cicilline, Jan Shachowsky y Pramilia Jayapal
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