No es un descubrimiento que el régimen de Nicolás Maduro acabó con el país y de paso con la joya de la corona que era PDVSA (Petróleos de Venezuela), en su momento la empresa más grande de Latinoamérica. Esta llegó a producir más de 3 millones de barriles de crudo diarios y hoy solo alcanza a los 700.000. Cifra incluso superada por Colombia, cuya producción de petróleo ya llega a los 900.000 barriles.
La salida más “madura” que le ha visto el presidente de Venezuela es su privatización, ante la realidad ineludible de que se halla en cuidados intensivos. Según Miguel Henrique Otero, presidente editor del diario venezolano El Nacional, “PDVSA no tiene dinero para pagar a las multinacionales con las que trabaja, ni para comprar materiales. Solo pueden mantener la producción más sencilla, pero no pueden hacer inversiones ni mantener los pozos”.
Otero se refirió también al escándalo desatado por el Delcygate, alusivo a la reunión irregular de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con José Luis Ábalos, ministro de Transporte de España y miembro del PSOE.
“Yo veo la llegada de Delcy Rodríguez como un asunto de política exterior española. Sánchez no recibió a Guaidó, independientemente de que lo haya reconocido. Venezuela está en dos vías con España: la reactivación del Grupo de Contacto para restablecer un diálogo que ha fracasado cuatro veces -y que sólo beneficia al régimen para ganar tiempo- y la privatización de PDVSA. En ese proceso, Repsol es un actor fundamental”.
Repsol es una empresa española de hidrocarburos que desde 1991 está presente en Venezuela, donde explota importantes yacimientos de gas y petróleo, como los de Perla, Quiriquire, Mene Grande y Barua Motatán.
Sea como fuere, Repsol no podría tomar el control de PDVSA como quisiera, y la razón de fondo es protuberante: Donald Trump dejó muy claro -y muy fuerte-que sancionará a las multinacionales que mantienen intereses con el gobierno de Nicolás Maduro, como lo acaba de hacer con la petrolera rusa Rosneft, que negoció la venta y el transporte del crudo venezolano.
De esta manera todas las propiedades e intereses de Rosneft Trading S.A. y de Didier Casimiro (presidente de la compañía) en Estados Unidos quedaron congeladas. Además, las empresas que hacen transacciones con Rosneft tienen 90 días para culminar sus contratos.
Para ubicarnos en perspectiva, casi todo el petróleo que llega a España procedente de Venezuela va a Repsol, para reducir la deuda que tiene el régimen bolivariano con la petrolera española por las inversiones realizadas en aquel país, las cuales han perdido gran parte de su valor por la situación política y social de Venezuela. El pago de esa deuda se realiza en especie -mediante cargamentos de petróleo- para evitar las sanciones de la administración Trump.
Pero esto es muy diferente a lo que quiere Maduro, quien busca una compañía que se quede con toda la gestión de PDVSA a cambio de unas regalías.
Todo lo que ha pasado en España, incluido el apoyo del expresidente Zapatero a Maduro, hace pensar que España está detrás de una tajada bien grande, nada más y nada menos que el manejo de las mayores reservas de petróleo comprobadas en el planeta.
Si este se llegara a dar, ¿Repsol estaría en condiciones de soportar una sanción del gobierno norteamericano? Es posible que sí.