La corrupción es un fenómeno incrustado en lo más profundo del Estado colombiano. Forma parte de su naturaleza y esencia.
El escándalo que conmueve a la sociedad colombiana a raíz de la red de despojos del dinero público con ocasión de la compra de los carrotanques de agua para la Guajira, que involucra altos funcionarios del actual gobierno y del Congreso era algo casi que inevitable. Tal vez lo que más llame la atención es el nivel grotesco que ha alcanzado este acontecimiento relacionado con la ética o la moral pública. Grotesco por los personajes, por las escenas y por el cinismo con el que se dispone de miles de millones de pesos que deberían ser sagrados e intocables, si consideramos el objeto para el cual se apropiaron, que es el de la atención de las víctimas de los desastres de la naturaleza, tan comunes en nuestra agreste e indómita naturaleza.
No hay que extrañarse si sobrevienen más acontecimientos de esta inmunda calaña. Puede suceder en la salud, en la educación, en los municipios, en los departamentos, en el Fondo de Seguridad del Ministerio del Interior, en el Ocad paz, en el Sistema General de Regalías, en el Sistema General de Participación, en el Dapre, en el Fondo en paz, en Colpensiones, en el Fomag, en la Fiduprevisora, en el Uspec/Inpec, en el Fondo para la Vida y la biodiversidad, en el Pnis, en las Corporaciones Autónomas, en el Invima, en la Agencia de Tierras, etc
En todo caso, los hechos que involucran a la Unidad para la Gestión de Riesgos (UNGRD) son la expresión más aberrante del manejo delincuencial de los dineros públicos. Todo por cuenta de unos personajes provenientes del mundo del clientelismo, el tráfico de influencias y la degradación de las instituciones públicas.
Olmedo López, Sneyder Pinilla, Sandra Ortiz, Andrés Idárraga, Iván Name y Andrés Calle, son los nombres que van quedando para la historia en esta oscura trama de la criminalidad de cuello blanco.
López, un pillo de barrio de Medellín, “izquierda lumpen”; Pinilla, ficha del clan Aguilar de Bucaramanga; Idárraga, abogadillo camuflado en una entidad respetable como la Consejería de Transparencia de la Presidencia; Iván Name, vástago y tentáculo de una poderosa familia de Barranquilla, también camuflado de Verde; y Calle, de la cuerda de las sórdidas redes monterianas especializadas en el desfalco del Estado.
Esta la pieza central de este triste evento que impacta negativamente el reciente triunfo popular alcanzado el pasado 1 de mayo bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro; que puede estar siendo manipulado por los golpistas del uribismo, con apoyo subrepticio de agencias internacionales de inteligencia a raíz de la ruptura de relaciones con el Estado de Israel, ordenada por el jefe de la Casa de Nariño para repudiar y condenar el genocidio del pueblo palestino.
Por fortuna, tenemos una reserva de oro en la limpieza y honradez del presidente Petro. En todo esto brilla por su entereza y transparencia el jefe de la presidencia de la república. Su buena fe es intachable y las determinaciones que ha tomado y tomara son decisivas para erradicar el cáncer de la corrupción que hace metástasis y requiere de medidas radicales como la depuración inmediata del gobierno y la conformación de la prometida y anunciada Comisión Internacional para investigar y atacar la corruptela en el Estado colombiano.
Hay que empezar rápido con una intervención a la Unidad Nacional para la gestión del Riesgo UNGR. Este ente requiere de una reestructuración a fondo.
Con la Auditoría Social y Veeduría Ciudadana “Gestión del Riesgo con Transparencia”, hemos adelantado una labor de control y vigilancia de esa entidad en varios frentes, como la reconstrucción de Mocoa, la atención de la tragedia de Piojo (Atlántico), el desastre en la Mojana, la situación de Quetame, las irregularidades en las obras en Rosas (Cauca) y el tráfico con casi 5 mil cuentas y ordenes de proveeduría por un valor cercano a los 700 mil millones de pesos, represadas en la dirección de la UNGR y en la Fiduprevisora que son objeto de la más descarada manipulación y cobro de coimas, topándonos con una muralla de obstáculos, señalamientos y descalificaciones de la criminalidad allí enquistada y encubierta que hace de correa trasmisora de poderosos contratistas y operadores que siguen funcionando a todo vapor no obstante las importantes medidas tomadas por Carrillo, sin que se puedan omitir algunos errores como la instalación de uno de los del clan Name en un alto cargo de esta institución.
La UNGRD demanda con urgencia el uso de todas las herramientas anticorrupción establecidas en diferentes leyes y Conpes expedidos en los últimos años. Necesitamos que Carrillo propicie y permita procesos de audiencia pública, acceso a los archivos y cuentas represadas para poder adelantar una Auditoria forense de la mano de la Fiscalía anticorrupción.
Estamos en medio de una gran tormenta desatada por la delincuencia de cuello blanco y sus enclaves estratégicos, que se saber mover en la oscuridad.
Creo que el presidente Petro debiera reorganizar ya la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y fortalecerla para adoptar nuevas metodologías y procedimientos de combate a la corrupción. Sugiero que se establezca un Sistema de Alertas tempranas para que advierta oportunamente los riesgos de la corrupción en toda la geografía del Estado. Hay que adoptar con las Veedurías y Auditorias sociales un modelo de noticia criminal con el que las comunidades lancen voces de alerta sobre el robo de los dineros públicos y situaciones de enriquecimiento ilícito y de conformación de grandes fortunas con propiedades e inversiones sospechosas de contratistas y operadores.
Manos a la obra, presidente.
@HoracioDuque8
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