La disputa política que presenta el proceso político colombiano tiene diversas manifestaciones, actores, escenarios e intensidades.
El conglomerado de la ultraderecha y la derecha (uribismo, vargasllerismo, gavirismo, santismo, conservadores, neo paramilitares y militares asesinos) acude a toda clase de artimañas para desestabilizar y bloquear al gobierno del presidente Gustavo Petro: Lawfare (guerra jurídica) en cabeza del fiscal Barbosa y la procuradora Margarita Cabello; de un sector judicial anclado en las Cortes y el Consejo de Estado; gavilla desde medios como Semana o El Tiempo, de propiedad de banqueros; y bloqueo y filibusterismo legislativo, que ha entorpecido el trámite de las reformas en el Congreso.
El presidente Petro no ha tenido un minuto de tregua en esta guerra contra su gobierno, y por momentos pareciera darse una parálisis institucional en la administración progresista.
La penúltima “maravilla” de esta cascada regresiva la ha planteado German Vargas Lleras, un agresivo jefe de la élite bogotana, quien convocó a los jefes políticos para unirse en un solo “bloque electoral”, con el objetivo explícito de destruir al gobierno y su programa transformador. Por fortuna, el llamado de este dinosaurio no ha tenido eco, confirmando su aislamiento y desprestigio entre la opinión. Frente a la bancarrota de Uribe Vélez, de César Gaviria, de Santos y de Andrés Pastrana, Vargas Lleras ha intentado encuadrar a todos los sectores de la oposición, pero no despega su intento de llenar los vacíos que se presentan en el bloque reaccionario. Más bien van tomando fuerza los liderazgos de militares uribistas que adelantan campañas de agitación por las regiones, como ocurre con el general Zapateiro.
Pero a pesar de este cuadro de confrontaciones, disputas y tensiones, el presidente Petro demuestra ser un líder creativo: avanza, construye alianzas y sacude el tablero político profundizando su relaciones con el pueblo raso.
En un principio Petro proyectó un acuerdo con actores políticos por fuera de su coalición electoral de base, para facilitar la gobernabilidad en los primeros meses de su gestión. Esto se tradujo en importantes logros como la reforma tributaria, la paz total, el Plan de desarrollo y la normalización de las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Digamos que se hicieron concesiones inevitables en la conformación del gabinete ministerial.
Pero luego surgieron las fracturas, y en la propuesta de un paquete de reformas sociales (salud, trabajo y pensiones) la correlación de fuerza se alteró, provocando cambios en los ministerios y choques con las facciones del esquema partidista tradicional.
Las reformas sociales planteaban un choque frontal con el modelo neoliberal: los poderosos grupos económicos integrados a las EPS, la explotación empresarial esclavista del trabajo y los billonarios Fondos de Pensiones, bajo el control de Luis Carlos Sarmiento Angulo, declararon abiertamente la guerra y se volcaron a destruir el trazo reformista. Esta maraña oligárquica hizo de todo: guerra mediática, manipulación con encuestas, intrigas parlamentarias, sobornos a legisladores, ausentismo parlamentario y filibusterismo a fondo, en clara demostración de que el neoliberalismo sigue vivo y manotea como un león herido.
El presidente Petro sin embargo se mantiene firme en su postura de cambios, al tiempo que hace ajustes en su estrategia para incorporar a su “bagaje político la llamada inteligencia maquiavélica, consistente en el uso de comportamiento cooperativos o combativos que le puedan reportar mayores posibilidades de adaptación en función de una situación concreta”. (Ver columna de Germán Gorráiz López).
En este contexto, Petro ha profundizado su acercamiento a las bases, promoviendo movilizaciones sociales y proyectando Asambleas populares con estudiantes, madres comunitarias, campesinos, trabajadores, indígenas y comunidades afrodescendientes, al tiempo que redirecciona sus alianzas para atraer a pequeños, medianos propietarios y profesionales urbanos en condición de precariedad social.
Es en desarrollo de esa ruta que se desplazó con altos funcionarios de su gobierno a la Guajira, para adelantar sus gestiones durante más de una semana, abordando los problemas más agudos de esa región afectada por la pobreza, la violencia y la corrupción de unos clanes políticos delincuenciales que tienen secuestrado el Estado en ese departamento.
Petro ha desplegado allí todo su arsenal como líder popular, convocando a las comunidades indígenas, a los campesinos, a los jóvenes y a empresarios honestos, para que de manera mancomunada se aborden problemas como el hambre, la desnutrición de los niños, la carencia de agua potable, la explotación a cielo abierto del carbón, la transición energética, el turismo, la creación de una nueva universidad, las vías, los aeropuertos, las regalías petroleras y el predominio de las mafias violentas, como ocurre en Dibulla, donde el clan del santandereano Diego Moreno Tirado (dueño de una frondosa contratación en el DPS y el PNIS) es el artífice de la violencia a cargo de bandas neoparamilitares asentadas en la Sierra Nevada, como herederos del Bloque Tayrona de Hernán Giraldo Serna.
En la Guajira, el presidente Petro ha declarado la Emergencia Económica para aprobar de manera directa, sin la mediación de los caciques politiqueros, los decretos y normas que resuelvan problemas críticos como la desnutrición que asesina a cientos de niños indígenas, el suministro del agua potable a las comunidades y la transición energética para masificar el uso de energías alternativas.
Hay luz en el horizonte. En mi opinión Petro ha recuperado la iniciativa estratégica, lo que procede ahora es agilizar la transformación del Estado en cumplimiento del Plan de Desarrollo, para profundizar el desmonte del neoliberalismo. Transformar el Estado es dar un vuelco a la estructura administrativa de las instituciones públicas para colocarlas al servicio de los cambios democráticos, lo cual implica remover la herencia burocrática del uribismo que aún sigue enquistado en el engranaje administrativo del gobierno.
Para ‘neutralizar’ este lastre o remanente sugerimos la conformación de una alta Consejería para la administración pública en la presidencia, que trabaje en llave con el DAPRE, adelantando los reajustes administrativos necesarios, haciendo uso de la Ley 489 de 1998, cuyas normas permiten la reorganización de las entidades del orden nacional.
El presidente tiene amplios recursos en la misma Constitución de 1991 para adelantar por vía ejecutiva importante reformas en el campo de la salud, la organización del trabajo, el régimen pensional, la educación universitaria, los servicios públicos, la reforma agraria, el combate a la corrupción, la paz, la autonomía regional y los derechos políticos democráticos de los sectores populares de la nación.
@HoracioDuque8
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