Por HERMANN SÁENZ PRIETO
Se acaban de cumplir 30 años de la Constitución Política de Colombia y uno de los órganos que nació bajo esa nueva carta magna fue la Defensoría del Pueblo. Por este motivo hablamos con el abogado Jaime Córdoba Triviño, el primero Defensor del Pueblo que hubo, y quien antes de ocupar ese cargo había trabajado en la Procuraduría y en la Corte Suprema de Justicia.
El jurista recordó que antes de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría contaba con una oficina delegada para los derechos humanos y existía una consejería presidencial para el mismo tema. Por esto enfatiza en que “los constituyentes quisieron crear una institución autónoma, independiente de la Procuraduría y de todos los poderes y especializada en el tema de la promoción el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos”.
Recuerda que llegó a ese cargo porque él era el procurador delegado de los derechos humanos en esa época, y fue elegido por el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta, de una terna entregada por el presidente de esa época, César Gaviria. Aunque su primera elección fue transitoria y duró seis meses en el cargo, luego fue elegido por la Cámara de Representantes de otra terna donde Gaviria lo volvió a incluir y permaneció otros cuatro años.
El reto al principio fue posicionar a la Defensoría del Pueblo, enseñarles con estrategias pedagógicas a los ciudadanos lo que pueden hacer, pero también lo que no pueden hacer. “Al principio la gente ponía quejas de corrupción de agentes de tránsito o por los precios de artículos en el mercado. Pero poco a poco la Defensoría fue adquiriendo su perfil, los ciudadanos comenzaron a apreciar su trabajo, a acudir para que se les interpusiera órdenes de tutela, para presentar quejas contra funcionarios por mora, por desidia en el trámite de sus asuntos. Pero también por temas mucho más complejos como violaciones a los derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario”.
Córdoba sostuvo que una característica de la legitimidad y la fuerza de la Defensoría debe ser su independencia. “El defensor del pueblo debe tener unas calidades, un reconocimiento público y actuar de tal manera que sea confiable para los ciudadanos en función de la defensa y la promoción y divulgación de la defensa de los derechos humanos. Uno no puede concebir al defensor del pueblo sin ese signo de la magistratura moral y de la independencia, pero la independencia no solo concebida como su ubicación, como un órgano de control o autónomo dentro de la estructura del Estado, sino la independencia en su acción diaria. El defensor del pueblo tiene que ser una persona independiente de los partidos políticos, de las causas o intereses partidistas o electorales, tiene que actuar con absoluta imparcialidad, porque él defiende el derecho de todos los ciudadanos sin distingo de ninguna naturaleza”.
Al preguntársele sobre la gestión del actual Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, Córdoba afirmó: “él tiene que asumir las críticas respondiendo con acciones positivas de independencia, de compromiso con la causa, con rigor en su discurso. Él debe sintonizarse con el papel profundo que cumple la Defensoría del Pueblo”.
Por último, agregó que “el Defensor del Pueblo siempre hace un informe anual sobre su gestión y sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, el cual presenta ante el Congreso de la República. Pero es un informe que no tiene ninguna repercusión, son estudios de quien está haciendo una tesis de grado, los profesores de derechos humanos o de derecho constitucional lo consultan, pero de los contrario son realmente documentos que pasan desapercibidos, creo. Debemos hacer un gran esfuerzo por cualificar nuestra cultura política, para usar de mejor manera este extraordinario mecanismo de protección de los derechos y de control de la administración creado en la Constitución de 1991”.
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