Bienvenida la paz total. Ahora, a recuperar la confianza

Por H.G.RUEDA

El logro de la paz en Colombia ha sido una obsesión de todos los presidentes. Unos la han buscado a plomo y otros dialogando; la mayoría han fracasado y unos pocos han tenido éxito. El presidente electo Gustavo Petro no será la excepción. Él ha propuesto el concepto de paz total, como un proyecto ambicioso para desarmar a todos los grupos armados ilegales y cimentar las bases de una democracia más sólida.

La paz total buscará ponerle punto final a más de sesenta años de guerra interna que protagonizan actores armados como el Ejército de Liberación Nacional, ELN; las disidencias de las Farc, golpeadas por la administración de Duque y bastante diezmadas; y las bandas criminales o grupos paramilitares, que con distintas denominaciones actúan en gran parte de territorio.

Después de los acuerdos de paz de La Habana, ratificados en el Teatro Colón, Colombia pasó de la euforia de la reconciliación de Santos, a la frustración de la paz en el gobierno de Iván Duque, que se esforzó en hacer trizas los acuerdos de paz, aunque en el extranjero hacía alarde de estar cumpliéndolos. La verdad es que los acuerdos suscritos por Santos han sido cumplidos parcialmente, a cuentagotas, y gracias a la presión de la comunidad internacional.

En el cuatrienio que termina no solo no se asignaron recursos suficientes del Presupuesto General de la Nación, sino que los dineros de la cooperación internacional se esfumaron en manos de los corruptos, como el hermano del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el ex director del DNP, y aliados del contralor general de la nación. En el escandalo del OCAD Paz se perdió medio billón de pesos, que debían estar destinados para municipios PDET. Y, lo peor, hasta ahora no hay ningún capturado, ni destituido.

Lo más grave, sin embargo, fue el asesinato sistemático de los firmantes de la paz, que es el más oscuro legado de Duque. Más de 330 exintegrantes de las extintas Farc han sido muertos impunemente por enemigos del proceso de paz, llámense paramilitares, narcotraficantes o miembros corruptos de la fuerza pública. A esa escalofriante cifra se suman más de mil líderes sociales asesinados durante el mandato de Duque. Un récord único de insensibilidad estatal que se suma al desmantelamiento de la institucionalidad creada para proteger la vida, como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que Petro ha ordenado restablecer apenas se posesione.

Ante ese panorama de incumplimiento del Estado a lo pactado por las Farc, la pregunta es ¿cuál será la diferencia en el proceso que se anuncia? ¿De qué manera el Estado esta vez sí cumplirá la palabra, y honrará el apoyo de los países amigos, que Duque convirtió en enemigos, como Cuba, Nicaragua y Venezuela? No se ve fácil el proceso, porque lo primero que tendrá que recuperar el Estado colombiano es la confianza en el escenario internacional y frente a los grupos armados ilegales. Y, por supuesto, cumplir lo pactado con las Farc, en medio de la peor crisis económica que hereda Duque.

El proceso con el ELN quedó muy avanzado en el segundo mandato de Santos, pero Duque congeló todo lo acordado y se dedicó a dañar las relaciones con Cuba, que valga la pena decirlo, mantuvo la serenidad y la madurez que caracteriza a su diplomacia ante los ataques permanentes de Duque, que exigía la extradición de los cabecillas del ELN protegidos en la isla, como parte de lo pactado. Ese hecho demostró, además, que durante los cuatro años que terminan Colombia no tuvo Cancillería y que la política exterior se manejó de acuerdo a los caprichos de la señora María Paula Correa, que tuvo más poder que el propio Duque.

Con las disidencias de las Farc el tema será muy complicado, dado que no será fácil para la opinión pública entender que se renegocie con una organización partida en mil pedazos que traicionó lo pactado y se ha convertido en una máquina de guerra aceitada por el narcotráfico, sin ideología, y cuyos líderes se han establecido en la extensa frontera con Venezuela, donde la muerte ha encontrado a la mayoría de ellos.

De hecho, la principal muestra de confianza que Maduro le debe a Colombia para restablecer plenamente las relaciones bilaterales, está en el campo de la paz. Debe demostrarse dispuesto a ponerles limites a las disidencias de las Farc y al ELN en su territorio, no protegerlas, como ha ocurrido hasta ahora.

La negociación con las disidencias será la más compleja, porque esas guerrillas no tienen hoy, como en el pasado las extintas Farc, un poderoso secretariado que imponga el orden. La pregunta es si con las disidencias cabe una negociación, o un sometimiento igual al que se le propondrá a las bandas criminales.

Y con los paramilitares el tema tampoco será fácil, porque la experiencia de la negociación en el Gobierno de Uribe no dejó contento a nadie, ni siquiera a los jefes de las AUC, que terminaron extraditados y se llevaron su verdad a cuestas. En 2002 comenzó ese proceso, que terminó en 2006 con la desmovilización de más de 31 mil combatientes, la mayoría embuchados para mostrar un poderío militar que no se tenía.

En la institucionalidad creada para juzgar los crímenes de esas organizaciones solo fueron condenados tres desmovilizados. El resto fue impunidad. Y mucha verdad, que fue el gran logro de esa iniciativa. Gracias al proceso de verdad, justicia y reparación el país conoció las atrocidades de una guerra que a nombre de la lucha anticomunista se empecinó contra la sociedad civil. Del proceso de paz con los paramilitares surgieron unas organizaciones más criminales y voraces, que se arropan con diferentes nombres.

El gran reto del nuevo gobierno, con el alto Comisionado de Paz a la cabeza, el Canciller, el ministro de Defensa y el ministro del Interior, será no repetir los errores del pasado. ¿Cuál será el sello de la paz de Petro? El 7 de agosto comienza a andar el reloj de la historia y el país sabrá cómo hacen la paz los gobiernos de izquierda, que necesitarán mucho más que lo alcanzado por sus antecesores. En medio de un país polarizado el tema será un juego de ajedrez que necesitará poner en jaque al narcotráfico y darle en la torre a la impunidad.

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