Por GERMÁN AYALA OSORIO
Las medidas cautelares que el fiscal Barbosa solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hacen parte del plan de desprestigio y deslegitimación que la derecha viene ejecutando con evidente precisión, contra el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego. Como en el ámbito local dicho plan no les ha funcionado muy bien, ahora buscan desprestigiar en lo internacional al actual gobierno.
Todo inició con el extraño anuncio público hecho por el propio fiscal general de la Nación (FGN) en el que le dijo al país, usando los medios de comunicación afectos a los intereses que él defiende, que el ELN tenía un plan para asesinarlo. Al ver que su denuncia no tuvo mayor credibilidad, Barbosa puso en la mira de la Fiscalía al general del Ejército, Luis Mauricio Ospina, con el claro objetivo de construir la narrativa que vuelve el supuesto plan criminal del Ejército de Liberación Nacional en un asunto de Estado, porque esa guerrilla adelanta diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Más claro: el plan para asesinarlo se estaría diseñando con la anuencia de la presidencia o de agentes estatales cercanos al gobierno o a la propia inteligencia militar. Para construir el argumento, artificioso por demás, Barbosa apela a su enfrentamiento personal e institucional que sostiene de tiempo atrás con el presidente Petro y al “odio de clase” que jefe de Estado promueve desde el 7 de agosto.
Por supuesto que el ladino personaje niega ser enemigo del proceso de paz que se adelanta con ELN y del propio presidente. De igual manera, guarda silencio sobre las denuncias que el periodista Gonzalo Guillén viene haciendo sobre una eventual complacencia de la Fiscalía con las acciones sicariales adelantas por miembros del Clan del Golfo. Esas mismas acciones delictivas denunciadas por el corajudo periodista, hicieron que el presidente Petro le exigiera, varias veces, al fiscal Barbosa un informe completo sobre esos hechos. El informe efectivamente lo entregó Barbosa a la presidencia.
La revista Cambio publicó apartes de dicho informe: “Según el informe, el grupo armado no cometió 200 asesinatos en la costa Atlántica de Colombia entre 2008 y 2010 “desde el punto de vista probatorio”. Por el contrario, el ente investigador aseveró que sí hubo interceptaciones a 200 líneas. La desestimación de las presuntas dos centenas de homicidios contradice lo que se había pensado en un principio a raíz de una publicación de prensa que desató choques entre Petro y Barbosa y que involucraba al fiscal Daniel Hernández por supuesta omisión de denuncias”.
A Francisco Barbosa no le bastó reunirse con el presidente de la República, horas después de que él mismo hiciera pública la existencia del supuesto plan criminal. Ya trascendió que fuentes de inteligencia del Estado desestimaron la existencia de las macabras acciones del ELN.
Lo curioso es que la solicitud a la CIDH llega en momentos en los que el presidente le acaba de solicitar la reapertura de los casos que la propia Fiscalía de Barbosa cerró sobre los sobornos de Odebrecht y los hechos de corrupción que hoy comprometen la imagen de la familia Sarmiento Angulo, el grupo Aval y Corficolombiana.
Ya veremos qué decisión tomará la CIDH. Eso sí, se espera que en un análisis serio dicha instancia niegue las medidas cautelares solicitadas por Barbosa, por cuanto él está al frente de la Fiscalía, entidad que, de trabajar armónicamente con el gobierno y otras instancias estatales, podría no solo confirmar la veracidad de su denuncia, sino la implementación de acciones tendientes a desarticular el supuesto plan criminal.
A lo mejor la CIDH concluye que Barbosa exagera y apela maliciosamente a la figura de protección por estar al frente de una entidad de investigación. A lo mejor la entidad internacional llega a la conclusión de que Barbosa pidió las medidas más por su calidad de opositor político, que por tratarse de un Fiscal general amenazado.
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