Así se fijan las tarifas de los servicios públicos en EE. UU.

Por DIEGO OTERO PRADA

Presentamos aquí cómo operan en Estados Unidos las comisiones de regulación, un buen ejemplo a seguir para las comisiones de regulación en Colombia en cuanto a dar mayor participación a los usuarios. Y hecho de una manera técnica, democrática, nada populista.

Hemos tomado como referencia la Comisión de Regulación de Ohio-PUCA, donde para aprobar un cambio en las tarifas de ese Estado se siguen los siguientes pasos.

  1. Comunicación de Intención

Cualquier empresa regulada por PUCO e interesada en cambiar las tarifas, debe iniciar el proceso enviando una comunicación 30 días antes de que se considere efectiva la solicitud de incremento de las tarifas, informando adicionalmente a las comunidades que se van a ver afectadas. Este lapso de tiempo brinda la oportunidad a las diferentes partes de prepararse para la discusión.

2. Envío de información

A los 30 días de su Comunicación de Intención, la compañía debe enviar toda la información requerida por PUCO, la cual debe contener lo siguiente.

— Información financiera sobre el capital que forma la base para el cálculo de la tasa de retorno

— Información sobre ingresos y gastos operativos.

— Información sobre la estructura de capital y la tasa de retorno.

— Información sobre las prácticas de administración

—Testimonios iniciales en soporte de la solicitud de incremento tarifario.

3. Comunicaciones Públicas

Una vez que la empresa ha enviado todos los documentos requeridos, se informa públicamente a los usuarios, en los periódicos del área, acerca de los propósitos de la empresa. En esta forma, los usuarios residenciales, comerciales, industriales y las entidades gubernamentales tienen la oportunidad de reconocerse como partes en la discusión del caso.

4. Informe de los expertos

El personal de PUCO inicia el análisis independiente de los datos financieros de la empresa. Con base en esta información, los expertos de PUCO efectúan una recomendación, que se llama El Informe de los Expertos, y que se convierte en el punto focal de las discusiones en las audiencias.

El Informe de los Expertos analiza:

— Qué gastos pueden aceptarse como costo de proveer el servicio.

— Cuál tasa de retorno es apropiada para la empresa.

— Cómo se debe distribuir la tasa de incremento de las tarifas entre los diferentes consumidores;

— Si la calidad del servicio es correcta.

El Informe de los Expertos es solo una recomendación para los Comisionados y no obliga a la decisión final de la Comisión. A través del proceso de audiencias otras partes hacen recomendaciones, de modo que la decisión final de las Comisión es un resultado de la revisión de las distintas intervenciones.

5. Audiencias legales formales

Las audiencias legales se realizan después de que se haya entregado el Informe de los Expertos para permitir a la empresa, los funcionarios de PUCOI y otros participantes en el caso que presenten testimonio y evidencia en relación a la solicitud de aumento en la tarifa. Las audiencias son presididas por un abogado examinador de PUCO, que actúa como si fuera un juez. Se lleva un registro de todas las intervenciones y discusiones en las audiencias.

6. Audiencias públicas

Para que las inquietudes de un ciudadano puedan formas parte del caso legal, este puede testificar en cualquiera de las audiencias públicas que tengan lugar en las comunidades afectadas por la propuesta de incremento tarifario. Un comisionado de PUCO o un abogado examinador preside las audiencias públicas. Estas audiencias se deben realizar obligatoriamente antes de que la Comisión tome la decisión final.

Los usuarios pueden presentar su testimonio bajo juramento o no. El testimonio bajo juramento se incluye en el caso como evidencia. Los testimonios no juramentados no son evidencia oficial, pero pueden suministrar elementos de juicio para la decisión final por parte de PUCO. Quien de testimonio bajo juramento puede ser interrogado por los abogados que representen a las partes.

7. La decisión de PUCO

Terminadas las audiencias legales y públicas, se cierra la discusión y el abogado examinador, con base en todos los registros y discusiones, recomienda una acción a la Comisión. La Comisión revisa la información recopilada y presenta su resolución, en la cual:

— Autoriza tarifas que sean justas y razonables para los usuarios;

— Permite a la empresa de servicios públicos obtener suficientes recursos para cubrir los gastos, pagar los intereses sobre la deuda y lograr una tasa de rentabilidad razonable a los accionistas.

Después de la resolución de PUCO, la empresa está obligada a efectuar los cambios en las tarifas decididas por la Comisión. Dentro de un período máximo de treinta días, las partes insatisfechas con la decisión pueden apelar a PUCO. Las apelaciones hechas a PUCO son consideradas por la Corte Suprema de Ohio.  

Conclusiones

Se requiere una regulación en que participen todos los afectados, con un  proceso obligatorio como se ha presentado aquí.

El tema de las tarifas de los servicios públicos, del gas natural, del GLP y de los precios del diésel y las gasolinas es un proceso complejo y no se debe dejar al criterio de los ministros, los comisionados y las empresas.

El asunto es técnico, económico, social y político, con implicaciones sobre la pobreza y los ingresos de los hogares y las em presas. En Colombia desde la privatización que comenzó en 1992 las tarifas han aumentado más que la inflación, contrario a lo que decían los privatizadores.

Es hora de ponerles coto a los abusos, lo que no significa perjudicar las empresas prestadoras de los servicios, sino que ganen lo razonable y que aumenten la productividad para disminuir los costos.

En esto Ecopetrol juega un papel clave, ya que suministra el gas natural y el GLP que lo está cobrando como quiere, ya que es un cuasi monopolista, con precios cercanos a los internacionales, que afecta los costos de generación y los precios finales del GLP y el gas natural a todo tipo de usuarios. Así es muy fácil mostrar altas utilidades y decir que se deben a una gran eficiencia administrativa. No, se deben a que explotan al usuario y los gobiernos no le ponen el tatequieto a Ecopetrol.

@DiegoOteroP

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