Por GERMÁN AYALA OSORIO
Con el asesinato del violador de Hilary Castro dentro de las instalaciones de la URI de Puente Aranda se confirma que la pena de muerte es una práctica avalada en Colombia desde lo institucional. Las primeras informaciones de prensa indicaban que se trataría de un suicidio, pero pasaron pocas horas para que las mismas autoridades confirmaran que se trató de un homicidio.
A diario circulan videos de hombres maltratando ladrones y violadores, grotesco espectáculo que solo sirve para naturalizar valores propios del paramilitarismo, esto es, la suplantación de las autoridades. En ocasiones dichas acciones, llamadas “paloterapia”, terminan en la muerte de los desdichados ciudadanos que caen en las garras de una jauría de bárbaros que desconocen que al hacer justicia por propia mano, en lugar de avanzar como sociedad, retrocedemos siglos.
Juan Pablo González, sindicado de haber violado a Hilary Castro, fue ajusticiado dentro de una edificación estatal lo que de inmediato responsabiliza a los policías y demás funcionarios que al interior de la URI estaban obligados a preservar la vida del señalado violador. Por acción u omisión, con la desaparición de González no hubo justicia para Hilary Castro y mucho menos se garantizaron los derechos a un juicio justo para el supuesto agresor sexual.
Este hecho debería conmocionar a las autoridades y a la sociedad urbana que consume medios masivos y redes sociales. El silencio en los escenarios informativos se explica porque hemos naturalizado la pena de muerte para violadores y ladrones, lo que lleva a la sociedad hacia estadios de barbarie porque supone la suplantación de las autoridades mediante la decisión arbitraria de un grupo de hombres, machos envilecidos, de quién tiene derecho a vivir y quién no.
Lo sucedido con Juan Pablo González es de suma gravedad, pero lo son más las tímidas reacciones de oficiales de la Policía, institución directamente responsable de la vida del señalado violador. Se esperaba un rechazo contundente de los hechos por parte de los oficiales que salieron a los medios a informar sobre lo sucedido al interior de la URI.
Quienes asesinaron a González deben ser procesados y llevados a juicio, así como los funcionarios que por acción u omisión permitieron su asesinato. Esos comportamientos propios de hordas de salvajes deben proscribirse cuanto antes. De no hacerlo, caminaremos hacia inconvenientes estadios de barbarie y anomia social.
Al final sobrevivirán los más violentos, fuertes y ‘machos’, lo cual no evitará que el día de mañana dentro de ese empoderado grupo de bestias emerjan depredadores sexuales, pedófilos o ladrones. Dentro de esa horda de salvajes envilecidos que practican la “paloterapia” es común decir cuando se presentan casos como el de González: al susodicho “lo suicidaron”.
@germanayalaosor
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