En entrevista reciente que concedió Daniel Coronell a El Unicornio, advirtió: “Hay malos signos de que quieren robarse las elecciones desde ya, uno de esos es el proyecto para eliminar la Ley de Garantías. En un periodo preelectoral, esto solo puede tener el propósito de que el Gobierno meta las manos en el resultado. Todos los colombianos deben tener el ojo abierto para vigilar la transparencia del proceso electoral”.
No es que el reconocido periodista esté siendo suspicaz. Sencillamente, es de los que creen que el actual Gobierno no va a entregar el poder tan fácil si se ve perdido en las votaciones del próximo año. Algo parecido a Venezuela, donde Nicolás Maduro consolidó su continuismo después que la OEA denunciara el fraude electoral en ese país.
Lo cierto es que este gobierno (uribista hasta el tuétano), ha ‘copiado’ muchas prácticas antidemocráticas del vecino país, pese a que juraron que no nos íbamos a parecer a Venezuela: ejemplos, el desconocimiento de las cifras que demuestran el incumplimiento en derechos humanos, el encarecimiento de los productos de la canasta básica, la represión desmedida ante las protestas, el parecido que hay entre Noticias RCN y Telesur en la defensa del Gobierno.
En este contexto, no sería extraño que el Gobierno realizara alguna triquiñuela para alterar los resultados, con el claro propósito de continuar o eternizarse en el poder. Como dijo Coronell, quieren suprimir la Ley de Garantías, que impide celebrar contratos o convenios con recursos públicos cuatro meses antes de las elecciones, ordenanza que deben cumplir gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades.
De otro lado, el portal Razón Pública dice que el proyecto de nuevo Código Electoral, que trae los regímenes en los que se basarán las elecciones del Senado y Presidencia del próximo año -actualmente en revisión de la Corte Constitucional- no garantiza la independencia e imparcialidad de las entidades electorales.
Basta observar que en 2015, de un total de 3.948 funcionarios la Registraduría, 2.631 tenían nombramiento provisional –este tipo de vinculación requiere el apoyo de algún congresista– y 485 eran supernumerarios. Es decir, se vincularon temporalmente para suplir la vacancia de otro funcionario, mientras que solo 660 son de carrera. A pesar de que la Corte ha ordenado que para ingresar a la Registraduría se debe aprobar un concurso de méritos, el último proceso de este tipo se realizó en 2008.
De igual modo, los consejos seccionales electorales tendrán la misma composición política del Consejo Nacional Electoral; es decir, sus miembros serán representantes de los partidos. Así, estos organismos podrían convertirse en botín de los clanes políticos regionales y promover el clientelismo.
Para acabar de completar, la organización de las elecciones está en manos de empresas privadas, que proveen el material electoral, organizan los sistemas informáticos para el preconteo y el escrutinio, y digitalizan los resultados.
Como lo ha resaltado la OEA, esto implica que la Registraduría entrega sus competencias a particulares y deja de ejercer la función para la que fue creada. Lo cual impide garantizar la transparencia y convierte a la Registraduría en una “mina de oro” para los privados. El proyecto del nuevo Código Electoral no cambia nada de lo anterior.
Según este proyecto, las nuevas herramientas tecnológicas y su reglamentación administrativa estarán a cargo del registrador. Y el registrador cuenta con el apoyo directo del presidente de la República.
Cómo si esto fuera poco, el mismo registrador Alexander Vega en declaraciones recientes no descartó que las elecciones al Congreso y Presidencia del próximo año se hagan en dos días, experiencia que ya se llevó a cabo en Chile y que curiosamente queremos copiar acá.
El pasado fin de semana, se realizó el evento “Innovaciones y lecciones electorales en contexto de pandemia”. Uno de los invitados fue Álvaro Castañón, Secretario del Servicio Electoral de Chile, quien recordó así cómo fueron esos dos días en su país: “Para las elecciones municipales de mayo, tuvimos la novedad de que debido a la gran cantidad de papeletas de votación, el legislador determinó que se hiciera en dos días. Ahí tuvimos un gran desafío, consistente en que fue como congelar una elección un día sábado y descongelarla un domingo, confiando en que la sala de custodia con los sellos y todos los materiales no vaya a ser violada”.
“En ningún lugar de Chile se puso en duda el material que se sacó el día domingo en la mañana y había sido custodiado toda la noche por personal de las fuerzas armadas, del servicio electoral de Chile y de las delegaciones de la junta electoral”, dijo Castañón.
Lo llamativo es que el gobierno de Iván Duque decidió “copiar” esta práctica chilena, con elecciones hechas un sábado y el domingo siguiente, y la pregunta del millón es obvia: ¿tendremos en Colombia la misma seguridad de que no va a pasar nada durante la noche, mientras se custodian las urnas…?
Amanecerá y veremos, como dijo el ciego.
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