Por: GERMÁN AYALA OSORIO
Parece haber consenso social y político alrededor de la idea de que la democracia colombiana deviene anclada a la debilidad del Estado y a la operación de las instituciones públicas bajo las lógicas de agentes económicos que insisten en privatizarlo y, por esa vía, extender en el tiempo sus intereses de clase.
A esto también se le podría llamar la “bancarización” en el manejo del Estado. Que una democracia devenga “bancarizada” es el resultado de la intervención político-económica de los banqueros en los comicios, a partir del momento en el que patrocinan campañas a la Presidencia y al Congreso, para que después sus patrocinados, al resultar electos, queden obligados a trabajar al servicio de los intereses del sistema financiero. Es decir, gobernar y legislar para que el sistema financiero y la operación de los bancos se haga bajo las mayores ventajas institucionales, en particular que se mantengan los privilegios en materia del (no) pago de impuestos al fisco nacional. Incluso, en generar las condiciones internas para garantizar la evasión.
Esta expresión clara de la bancarización de la democracia tiene otro ingrediente que incide negativamente al momento de hacer efectivo el derecho a ser elegido: la apertura de cuentas bancarias y la entrega de las pólizas como garantía de seriedad de los movimientos por firmas o la de los aspirantes que de manera individual aspiren a llegar a un cargo de elección popular. La intervención de los bancos y las aseguradoras limitan las aspiraciones de los ciudadanos que buscan ser elegidos, lo que abre las puertas para que del mercado electoral entren a participar narcotraficantes y lavadores de dinero de disímiles mafias.
En el diario El Colombiano, se lee lo siguiente: “Los precandidatos por movimientos significativos de ciudadanos se encuentran en la encrucijada entre decidir si se retiran de la contienda, buscan un aval o se presentan y respaldan la candidatura con elevadas sumas de dinero llamadas pólizas de seriedad. Lo que en principio resultaba una ventaja, que les permitió incluso realizar campaña anticipada, tuvo un efecto de boomerang, pues al no estar respaldados por un partido, el nivel de éxito es relativo y los bancos no prestan el dinero”.
Así las cosas, el derecho a ser elegido queda reducido a la conveniencia y a la red de relaciones (contactos) que los aspirantes tengan para poder acceder a pólizas de “seriedad” en bancos y aseguradoras.
Los aspirantes a representar a las víctimas de los actores armados a través de las 16 curules transitorias de paz se enfrentan hoy a las barreras que expone lo que aquí llamo la “bancarización” de la democracia. Esta nueva característica de la democracia colombiana se explica en buena medida porque, al decir de Pepe Mujica, la política quedó engrillada a la economía. En sus palabras: “la eterna madre del acontecer humano, quedó engrillada a la economía y el mercado”, delegando el poder “y se entretiene aturdida luchando por el gobierno“.
Bajo esas circunstancias actúa el banquero colombiano, Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien, de tiempo atrás no solo funge como el gran mecenas de los candidatos a la presidencia y al Congreso, sino hoy uno de los grandes latifundistas que de manera irregular acapararon cientos de miles de hectáreas en la Orinoquia. Una vez sus patrocinados resultan electos, pasan a ser sus empleados.
@germanayalaosor
* Imagen tomada de Las2orillas.com
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