Por JORGE SENIOR
El empresario Sergio Araújo anunció (ver trino) que despedirá de inmediato a cualquier empleado suyo que se le ocurra votar por Gustavo Petro. Es decir, de manera pública este sujeto emite una amenaza que constituye un delito de constreñimiento al elector (artículo 387 del código penal), sin que ninguna autoridad le aplique el peso de la ley.
Cabe preguntar cómo se va a enterar del voto de sus subordinados, si el voto es secreto. ¿Los obligará a enviarle una foto? Si ese fuera el caso, el empleado que no quiera perder el puesto pero tampoco ceder a la presión ilegal, puede marcar el candidato de preferencia de Araujo, que todos sabemos es Federico Gutiérrez, tomar la foto y luego anular el tarjetón con unas rayas o lo que sea, para entonces solicitar que se lo reemplacen por otro tarjetón, destruyendo el que acaba de anular. Entonces, podrá votar libremente. Es como cuando uno comete un error al marcar y pide cambio.
Araújo no es el único empresario que se comporta como enemigo de la libertad y la democracia. En el Caribe colombiano hemos visto durante décadas cómo se comete olímpicamente dicho constreñimiento contra los empleados en una famosa cadena de supermercados. En las universidades privadas yo mismo he vivido esa presión. No es extraño que en algunas universidades privadas se discrimine a profesores por sus ideas y se les cancele el contrato, eso es pan de cada día en el mundo académico. El empresario Mario Hernández también viene manipulando y humillando a sus empleados, haciéndolos posar para fotos de propaganda política, coartando su libertad. Otro caso fue el de la carta del gerente de Colanta a los socios y proveedores de la cooperativa, aunque después la empresa arguyó que su cuenta había sido clonada.
Todo esto se suma a la llamada “cláusula Petro”, supuestamente utilizada en contratos entre privados. No sé si alguien puede ser tan pésimo negociante como para aceptar tal cláusula en un contrato. Si acepta eso, ¿qué más no aceptará? Pero el solo hecho de regar el rumor sobre la tal cláusula es una manera de generar pánico económico. Detrás de semejante promoción del pánico lo que hay es una clara extorsión de clase promovida por aquellos que critican -de boca para afuera- la lucha de clases. El asunto funciona así: la clase empresarial se ufana de defender las libertades y la democracia, pero cuando una gran parte de la población deja de ser dócil borrego y se decide por un cambio, entonces amenaza con sacar sus capitales (como si no tuvieran la mayor parte en los paraísos fiscales). Esta amenaza es puro amague engañabobos, pues en este país tienen una cantidad de prebendas que no tienen en ningún otro lado. Queda en evidencia entonces quiénes son los que practican la extorsión y la lucha de clases.
Hasta aquí hemos hablado únicamente del sector privado compuesto por grandes empresas y poderosos gremios, que puede ser tan corrupto como el sector público manejado por la clase política, pues son los mismos con las mismas. Y es que no hay una “clase política” y una “clase empresarial”. Lo que hay es el negocio, socio. Son las mismas familias, el mismo entramado que se reúne en los clubes y se casa entre ellos. Lazos familiares que de vez en cuando producen “tragedias familiares”, cuando alguno cae en una operación de la DEA. Pero no nos desviemos, volvamos al constreñimiento al sufragante. En el sector público es norma el constreñimiento a los empleados, tanto si son de planta como si son contratistas. Petro ingenuamente decía en estos días que a los que ya están nombrados en la burocracia no los pueden manipular, pero la realidad indica que esas personas siempre están en busca de algo más, como nombrar a un familiar, por ejemplo. Es que el Estado es visto como un botín y las personas que caminan por el sendero fácil de la politiquería suelen tener un apetito insaciable.
En todas las oficinas del Estado colombiano se hace “política” en el mal sentido del término, esto es, como clientelismo. Se usan cargos y presupuestos para mover votos y reproducir el sistema. Obviamente, ese es sólo el juego defensivo, porque el ofensivo consiste en enriquecerse chupando la ubre del Estado. He allí la parte sustanciosa de la corrupción que se lleva hacia los bolsillos privados 55 billones de pesos al año, la mayor parte se queda en una élite y el resto se reparte entre los cortesanos (“calanchines” le decimos en la Costa). Es decir, hay una “clase alta” corrupta y una “clase media” corrupta. Y al pueblo le caen las migajas del asistencialismo, que no es otra cosa sino el mal llamado “populismo”, ejercido desde siempre por los partidos tradicionales.
El paisaje que acabo de dibujar a grandes rasgos muestra que Colombia no es una sociedad capitalista, sino rentista. No hay un empresariado auténticamente capitalista que compita con eficiencia en los mercados gracias a la productividad y la innovación. Bien lo señala el intelectual liberal Hernando Gómez Buendía en su libro Entre la independencia y la pandemia (ver reseña). El seudo empresario colombiano no es un Steve Jobs ni un Bill Gates, sino un Carlos Slim. Es un señor feudal como Sergio Araujo, como José Félix Lafaurie, como Mario Hernández. Un tipo que usa el tráfico de influencias, la información privilegiada, eso que la sabiduría popular bautizó como “la rosca”, el “usted no sabe quién soy yo”. Es un capitalista, pero de lo que se denomina el capital relacional, mas no del capital productivo y mucho menos del capital intelectual. Colombia es la antípoda del Silicon Valley. Y eso que ni siquiera he mencionado el otro pilar del poder: las armas, tanto legales como ilegales.
El 29 de mayo será un momento crucial en la tarea de sacar a Colombia de la postración de un sistema rentista, especulativo, corrupto y premoderno. Lo que viene no es el comunismo ni el socialismo, sino el capitalismo de verdad: moderno, productivo, innovador. El Cambio es en primera.
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