Por GERMÁN AYALA OSORIO
Le queda poco tiempo a Francisco Barbosa como fiscal general y su salida se convierte en la oportunidad para que el presidente de la República recupere el Estado de derecho dentro de una institución permeada por mafias de todo pelambre. Mientras llega ese esperado día, la pugnacidad entre Barbosa y Petro podría terminar en un agrio choque institucional de trenes.
Barbosa como escudero del uribismo le cuida la espalda al exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira y está siguiendo las orientaciones del Centro Democrático encaminadas a ponerle palos en la rueda a la Paz Total. Son ya varias veces las que Barbosa se niega a darle aval institucional al presidente en la suspensión de las órdenes de captura de disidentes de las Farc y de miembros del Clan del Golfo.
Mientras pasa el tiempo y el fiscal hace maletas -imagino que con la ayuda de su esposa Walfa Téllez, demandada por violar el régimen de inhabilidades en un contrato-, Petro aprovecha para decir que “el narcotráfico a partir de construir con dinero sus propias nóminas ha penetrado a la UNP, a la SAE, a la Fiscalía, a la fuerza pública, a la DIAN, a Aduanas”.
Lo dicho por el presidente no es un mero señalamiento: es la confirmación de lo que todos los colombianos sabemos. En anterior oportunidad el mismo Petro había calificado al Estado como asesino, durante la ceremonia de reconocimiento a las víctimas de las masacres del Aro y La Granja. Si miramos en perspectiva institucional, ética y moral, lo que está haciendo el presidente de la República es llamar la atención de la sociedad colombiana para que por fin asuma comportamientos republicanos y repudie la corrupción, y proscriba el ethos mafioso que penetró a la Fiscalía, la DIAN, la SAE y la UNP. Esta última entidad, convertida en un nido politiquero en el que conviven la legalidad y la ilegalidad, la trampa, la perfidia y el desgreño administrativo.
Los señalamientos de Petro son parte de la respuesta que seguramente le aconsejaron dar para enfrentar el escándalo en el que está metido su hijo mayor, Nicolás Petro. Es posible que esté ambientando la conformación de la Comisión Internacional que se encargará de asumir las investigaciones de corrupción en entidades estatales, y en casos específicos que caminan lentamente en la Fiscalía de Barbosa: el más sonado, el de Odebrecht y la Ruta del Sol, así como las muertes de Jorge Enrique Pizano y la de su hijo, envenenados con cianuro. Recuérdese que Pizano padre fue testigo de todo el entramado de corrupción en la construcción de la Ruta del Sol. Y por supuesto, el proceso penal contra el expresidiario y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ya se sabe que la Fiscalía viene operando como su defensor de oficio, pues en dos ocasiones ha solicitado a los jueces la preclusión del proceso que se le adelanta por fraude procesal y manipulación de testigos.
Petro tendrá la oportunidad de medir el nivel de penetración del narcotráfico y el miedo que la justicia le tiene a Uribe, proponiendo a la Corte Suprema de Justicia una terna cuyos miembros sean ciudadanos probos. Sin tacha alguna y sobre todo, que no sean cercanos a Uribe, y mucho menos cercanos a Néstor Humberto Martínez o al fiscal saliente.
Una vez conformada esa terna, la Corte Suprema no podrá negarse a elegir a uno de los tres. Eso sí, deben ser penalistas. Y en esa selecta lista deben estar Miguel Ángel del Río, Angélica Monsalve y el propio ministro de la Defensa, Iván Velásquez. Un rechazo a la terna por parte del alto tribunal serviría para colegir que dentro de esa corporación sobreviven los intereses y las realidades que, justamente, el presidente quiere cambiar.
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