Álvaro Uribe versus “un chofer de Uber”

Por BETO CORAL

El 20 de junio de 2019 un grupo paramilitar y residual que quedó de las negociaciones con los paramilitares en Ralito, llamado “Águilas negras”, asesinó a la líder social María del Pilar Hurtado. Fue un crimen execrable que todo el país repudió, asesinada ante la mirada cómplice del Estado, que nada hace para proteger a sus líderes sociales. En dos años han asesinado a más de 560 y en este gobierno van más de 376.

¿Qué está pasando? ¿Cuál es el grupo que tiene la capacidad operativa para asesinar en Putumayo y al mismo tiempo en el Urabá y en la costa Caribe? Sin duda la complicidad del Estado no es solo por omisión, del mismo modo que no son de nuevo conocimiento los vínculos del Estado con esos grupos paramilitares. En algún momento, en mi tarea de activista, subí un video reclamándole a Iván Duque que parara este genocidio. A la vez, alcé mi voz contra quien defino como el “líder natural del paramilitarismo” el señor Álvaro Uribe Vélez. (Ver video).

“Despectivamente me han señalado como “chofer de Uber”, lo cual no es una ofensa, es un trabajo muy bien remunerado”.

Dicho video se hizo viral por su contenido, pero ahí no contenía nada nuevo, solo mi pesar y mi descontento por lo sucedido. Pasó un mes, cuando dos sujetos empezaron a hacerme seguimiento a la salida de mi apartamento en Miami Beach, y varios vecinos me alertaron. El sábado 27 de julio decidí salir por la parte de atrás y fui interceptado por uno de ellos, el cual se identificó como “agente de la Corte” mostró su placa y en la cintura portaba un arma. En tono amenazante me dijo que traía una notificación de la Corte. Como estoy en un país seguro, presumí que se trataban de agentes del orden, así que decidí recibir el sobre y firmar el recibido.

Dicho paquete contenía una carta amenazante de un abogado llamado Fernando Franco, quien se identifica como abogado de Álvaro Uribe Vélez y me da un plazo para que elimine la publicación de mis redes, como también para retractarme de mis afirmaciones. Caí entonces en cuenta de que los supuestos agentes de la Corte eran falsos y estaban haciendo una tarea para el director del portal “Los Irreverentes”, Ernesto Yamhure, quien años atrás había llegado a Estados Unidos huyéndole a la justicia colombiana por sus vínculos con el comandante paramilitar Carlos castaño. Fue evidente, ya que posterior al hecho el mismo Yamhure subió a sus redes sociales la grabación donde los supuestos agentes me amenazan y me entregan la notificación. Además publicó imágenes personales, donde se burlaba por trabajar yo de conductor para una empresa de limosinas.

Desde ahí empezó el hostigamiento de los uribistas, amenazas de muerte, fotos de mi familia, publicaron la dirección de mi casa en Colombia, mis números de documentos, absolutamente todo. Unos días después la W Radio con Julio Sánchez me entrevistó y me confrontó con el abogado de Uribe,  y ahí me ratifiqué en mis declaraciones .

Solo fue hasta diciembre de 2019 que se radicó una demanda formal contra mí en el sur de la Florida, por supuestamente difamar al ex presidente Uribe. La pregunta es: ¿está pensando el expresidente que su poder de silenciar y pretender utilizar el aparato judicial, es ilimitado y transnacional? ¿Cree que los jueces de otros países son sus siervos, para tratar de acallar a los que denuncian sus crímenes?

Lo más increíble, medios norteamericanos como The New York Times o el Washington Post han publicado investigaciones extensas donde lo han relacionado con grupos irregulares y narcos. Igualmente, el Departamento de Estado y la DEA saben que en un informe desclasificado Uribe apareció en una lista como el narcotraficante número 82, A estos, el expresidente no se ha atrevido a demandar. ¿Por qué? 

Otro dato increíble: Uribe pide que yo le indemnice por más de 200 mil dólares por supuestamente haberle difamado. Aquí es válido indicar algunos aspectos de cómo es una demanda por difamación en la Florida: en Estados Unidos es un proceso civil, no penal, la condena es solamente pecuniaria. La justicia de Estados Unidos no es competente para demostrar si Uribe es o no criminal, revisarán los argumentos que probarán que no tengo intención dolosa de perjudicarlo y, para esto, la carga de la prueba está en quien demanda, no en el demandado. El deberá probar que mis afirmaciones no son ciertas. Uribe también deberá demostrar un daño moral o detrimento económico generado por mis declaraciones, un principio básico del derecho es “sin daño, no hay responsabilidad”, y en el sistema americano es aún más aplicable.

En el mundo entero Uribe ya tiene fama de “paramilitar” y no creo que ningún “negocio” que le haya quebrado por mis afirmaciones, sin contar que esos negocios tendrían que estar en suelo norteamericano. Pero el aspecto más importante que olvida Uribe, es que la primera enmienda de la constitución de EE.UU. protege mi libertad de expresión y pensamiento. Sería una paradoja que alguien que está asilado en un país por no poder regresar al de su origen, tenga que padecer “a domicilio” la persecución de ese señor. Además, olvida que él deberá comparecer en un contra interrogatorio que le hará la defensa, la cual podrá hacerle unas preguntas. ¿Se someterá el expresidente a este desgaste? No creo. Entonces, ¿cuál es su finalidad, qué es lo que persigue?

 Hice un informe detallado de todos las columnas y noticias que han publicado medios en Estados Unidos como el @nytimeses y @elpost y en el mundo como @elpais_espana donde relacionan a Uribe con grupos paramilitares y falsos positivos. ¿Fui el primero en decirlo? Claro que no. También pediré una certificación de cuantos procesos tiene abiertos en calidad de imputado en Colombia, cuántos tiene en la Corte, cuántos en la comisión de acusaciones, incluyendo las dos investigaciones por masacres y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, y otro sobre la inoperancia de la justicia.

La otra guerra que han librado los uribistas ha sido la del acoso y la humillación: despectivamente me han señalado como “chofer de Uber”, lo cual no es una ofensa, es un trabajo muy bien remunerado en Estados Unidos; pero han tratado de socavar mi intimidad, sacando a flote mi vida personal y financiera. No solo soy un chofer de Uber, soy estudiante, activista, bloguero, hijo de un oficial muerto en actos del servicio, soy papá, hijo y hermano. Llegué a este país porque en Colombia peligraba mi seguridad y la seguridad de mi familia, desde aquí trabajo para sacarlos adelante, desde muy pequeño sufrí la violencia y el inclemente olvido estatal, tengo inmensurables razones para luchar por mi país.

Si para el uribismo soy ese simple chofer de Uber, ¿por qué su líder se empeña en perseguirme y querer utilizar a la justicia norteamericana para que yo le pague 200 mil dólares, pretendiendo así socavar mi libertad de expresión?

Aquí no es Colombia, donde se cercena el derecho a la libre opinión. Señor Uribe: o desiste, o será usted quien deba pagar por ponerme en esta situación.

@Betocoralg

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